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Primicia | Emilio Tapia, llamado a juicio por polémico contrato de Centros Poblados

El ente investigador sostiene que los contratistas indujeron al error al MinTIC en el proceso de licitación.


Por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal deberán responder en juicio los contratistas Emilio Tapia Aldana, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde por el polémico Contrato 1043 de 2020 firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la unión temporal Centros Poblados.

SEMANA conoció en primicia detalles del escrito de acusación que radicó la Fiscalía General en contra de los tres contratistas, señalados de haber malversado el anticipo de 70 mil millones de pesos, que tenían como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Para el ente investigador, Luis Fernando Duque –representante legal de la unión temporal–, Juan José Laverde –delegado de la empresa Rave Agencia de Seguros– y Emilio Tapia –quien integraba la junta de la unión– falsificaron actas y pólizas de seguros para participar en el proceso licitatorio que se adelantó en julio de 2020, para así recibir el contrato por un valor total de 2,1 billones de pesos.

En el documento, que por reparto cayó en el Juzgado 40 de Conocimiento de Bogotá, se citan chats de WhatsApp, registros de llamadas, documentación y testimonios bajo juramento que ponen en evidencia la forma en que se conformó la “empresa criminal” para resultar beneficiados con la licitación del billonario contrato.

La hipótesis de la Fiscalía General en este caso es clara: Tapia, Laverde y Duque realizaron una serie de acciones que indujeron al error a los funcionarios del MinTIC encargados de la vigilancia del proceso licitatorio y recibir el aval del billonario contrato.

Para destacarse en la licitación presentaron una póliza de seriedad de oferta que les garantizaba responder ante cualquier inconveniente y retraso. Este documento, otorgado por el Banco Itaú, representaba un salvavidas y evitaba la pérdida del dinero que se iba a entregar.

Tras la firma, el MinTIC le entregó los 70 mil millones de pesos del anticipo para la compra de equipos e instalación de los primeros centros virtuales. Sin embargo, se empezaron a presentar constantes incumplimientos y los contratistas nunca presentaron la justificación ante estas demoras.

Debido a esto se convocó a mediados de agosto de 2021 una audiencia de caducidad del contrato. En esa misma diligencia, un representante del Banco Itaú confirmaba lo que muchos temían: nunca habían expedido las pólizas presentadas por la unión temporal, hecho por el cual dichos documentos eran falsos.

Inmediatamente, se presentó una denuncia ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General para que se adelantaran las respectivas investigaciones.

¿Cómo se ejecutó el fraude?

La Fiscalía General sostiene que los tres acusados tenían conocimiento claro en que la garantía bancaria había sido falsificada. Para esto, contactaron a Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, quien tenía conocimiento y experiencia en el trámite de las garantías en este tipo de contratos.

Tras acordar el pago, García-Mayorga les entregó las garantías bancarias falsificadas. Luis Fernando Duque fue el encargado, junto a Alfredo Amín Yamber, de subir estos documentos al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) para finiquitar el cumplimiento del proceso de licitación.

El dinero del anticipo para la compra de equipos fue consignado en una cuenta bancaria constituida en el estado de Delaware (Estados Unidos). Para esta transacción fue clave el trabajo de Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, quien era el propietario de la empresa Nuovotic.

Después que estalló el escándalo, Tapia, Laverde y Duque habrían ejercido diferentes presiones para desviar la investigación y presentarse ajenos al fraude, detallando que no conocían sobre las pólizas falsas.

Los dos testigos fueron presionados por medio del abogado Daniel González, contratado por Emilio Tapia. El jurista les puso de presente el hecho de que los contratistas se iban a encargar de pagarles toda la defensa si se inculpan y reconocen toda su responsabilidad en este caso de corrupción.

Estos hechos, según los testigos, se presentaron el 22 de junio de 2021, dos días antes de que se adelantara la revocatoria del contrato, con el fin que se allegara la responsabilidad individual y los representantes de la unión temporal fueran excusados.

En el caso de Bedoya, las amenazas fueron un paso más allá. El socio fundador de Novotic y Nuvo Security LLC aseguró que en una oportunidad hombres fuertemente armados ingresaron a la fuerza a su vivienda y lo amenazaron a él y a su hijo menor de edad, intimidándolo para que no hablara de los hechos de los que había sido testigo.

Con este actuar, según la Fiscalía General, se quiso desviar el actuar de las autoridades, afectando así el desarrollo de la investigación por este grave escándalo de corrupción.

El otro proceso

A finales de diciembre de 2021, el fiscal general Francisco Barbosa anunció un segundo proceso por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. En la lista aparecían los viejos conocidos Juan José Laverde, Emilio Tapia Aldana y Luis Fernando Duque. A estos se le sumaban los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres.

Este nuevo caso tiene relación con la apropiación del dinero del anticipo de 70 mil millones de pesos. La imputación de cargos quedó fijada para el próximo 23 de febrero.