¿Los congresistas del 15 %? Se destapa nuevo carrusel de contratos

Un nuevo capítulo de corrupción que enreda a congresistas y alcaldes acaba de abrirse en el país. En las últimas horas, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al exalcalde de Galeras (Sucre) Remberto, Javier Amell Hernández, y a tres personas más señaladas de conformar una organización criminal dedicada al direccionamiento de contratos.

En este carrusel estarían comprometidos el exrepresentante a la Cámara por Córdoba Raymundo Elías Méndez Bechara, de la U, y la exsenadora Sandra Elena Villadiego, también de la U, y hoy candidata por el Pacto Histórico a la Cámara en Bolívar.

Según el expediente, conocido en exclusiva por SEMANA, ambos habrían recibido comisiones del 15 % sobre contratos de obra pública adjudicados en esa región del país. La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia contra ambos excongresistas. Los ofrecimientos de plata los habría hecho directamente el entonces alcalde de Galeras, quien gobernó entre 2016 y 2019.

Méndez Bechara llegó por primera vez al Congreso en 2010, se hizo reelegir en 2014 y fue fórmula del exsenador Musa Besaile, preso por el cartel de la toga. En 2019, el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura a Méndez Bechara por su inasistencia reiterada a las plenarias en el Capitolio.

Por su parte, Villadiego es cercana a Roy Barreras y aspira a una curul en las próximas elecciones al Congreso a nombre del partido ADA. Su inclusión en las listas del Pacto Histórico desató hace poco una tormenta porque su esposo es el excongresista Miguel Ángel Rangel, condenado por parapolítica.

En este nuevo ‘carrusel’ se encontraron presuntas irregularidades en tres contratos de obra, por casi 11.000 millones de pesos, para pavimentar las calles de Galeras, un municipio de 20.000 habitantes y ubicado a casi dos horas de Sincelejo. Según la investigación, dichos recursos fueron girados a la Administración Municipal de Galeras por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), gracias a la gestión en Bogotá de los entonces congresistas Raymundo Méndez Bechara y Sandra Elena Villadiego.

Junto con el exalcalde Amell Hernández, quien en su momento fue elegido por la U con 7.301 votos, también fueron capturados Carlos Eduardo Cueto Corrales, exsecretario de Planeación de Galeras; Lila Margarita Aldana Argel, allegada a la Alcaldía; y el contratista Jorge Carlos Álvarez Rivero. Todos aceptaron cargos.

“La estructura criminal determinó el pago de dádivas indebidas a congresistas y otros funcionarios públicos con el fin de, a través de convenios interadministrativos, direccionar recursos públicos desde el Departamento para la Prosperidad Social, con domicilio en Bogotá, dirigidos a financiar los proyectos de infraestructura presentados ante esa entidad por el municipio de Galeras. Y a su vez, direccionar los procesos licitatorios que con dichos recursos se adelantaran en el municipio para realizar las obras públicas”, señala el expediente de la Fiscalía.

Los capturados tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar u ofrecer, acuerdos restrictivos de la competencia y cohecho propio.

El modus operandi detectado por los investigadores apunta a un presunto direccionamiento de los contratos desde la elaboración de los pliegos. En el expediente se habla de la “elaboración de propuestas falsas y de la propuesta ganadora para simular un proceso de contratación transparente y objetivo”, de común acuerdo entre los contratistas que recibirían las obras y el alcalde, sus funcionarios y los excongresistas involucrados.

En poder de las autoridades hay audios, mensajes y llamadas que probarían reuniones entre las partes implicadas en esta organización criminal.

En el caso del contratista Jorge Carlos Álvarez Rivero, representante legal del Consorcio Vías Galeras, la Fiscalía señala que su hermano, Héctor Julio Álvarez Rivero, actuó como intermediario para el direccionamiento de la contratación.

De hecho, ambos se reunieron con el entonces alcalde y con Lila Margarita Aldana, quien era cercana al mandatario. En dichos encuentros, según el expediente, “se acordó que se direccionaría en su favor el proceso de selección LP-007-2017 y que con el alcalde se manejarían en partes iguales los recursos del contrato para de allí realizar los pagos irregulares acordados para los congresistas atrás mencionados”.

Los contratistas habrían recibido información del proceso contractual antes de su publicación en el Secop “con el fin de preparar con antelación la propuesta ganadora”, advierte la investigación. Hay pruebas de que los involucrados en este carrusel de contratación habrían pagado por la elaboración de las propuestas falsas que no cumplirían los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones, con el fin de dar visos de legalidad al proceso”.

De igual forma, le habrían solicitado a un tercero no interesado en la licitación que suscribiera un acta de visita a las obras para “aparentar legalidad y transparencia en la licitación pública”.

En el caso del municipio de Galeras, el expediente señala que el entonces alcalde Amell Hernández sostuvo reuniones con Cueto Corrales, exsecretario de Planeación, y Javier Isaac Castro Jiménez, asesor jurídico. Con ellos se habría revisado “la información relacionada con la empresa de quien ya se conocía que sería el futuro adjudicatario de la licitación a quien además le dio a conocer los pliegos de condiciones, todo esto previo a la publicación del proceso contractual”. El alcalde de Galeras y el contratista, además, habrían pactado presuntamente una tajada del 50 % sobre las ganancias o las utilidades de los contratos.

Según la Fiscalía, Jorge Angel Noguera Castro, del Grupo Empresarial Proyectar Ingeniería SAS, y uno de los capturados, habría accedido a ser uno de los proponentes en los contratos, “a sabiendas que su participación no era con la intención de competir para ser adjudicatario, sino para dar visos de legalidad a la licitación, aparentando pluralidad de oferentes”.

La Fiscalía dice que este esquema de direccionar contratos que se logran financiar “a través de los cupos que el gobierno nacional asigna a congresistas de la República” se habría repetido en otras regiones del país, donde avanzan investigaciones que podrán comprometer a otros senadores, representantes, así como a alcaldes y gobernadores. Algunos congresistas que están hoy en campaña estarían en la mira de las autoridades.