El Instituto Anticorrupción, bajo la dirección de Camilo Enciso Vanegas, presentó una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con copia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La acción legal, radicada este 25 de octubre, solicita investigar presuntas irregularidades en contratación pública, el posible uso de recursos estatales para fines particulares y otras conductas conexas atribuidas al expresidente y exsenador Gustavo Petro.
El origen de esta denuncia radica en una entrevista periodística publicada este domingo por SEMANA, en donde se recoge el testimonio de la joven Deicy Jiménez, quien denunció una serie de posibles irregularidades.
Según el testimonio, existió una relación directa entre la prestación de servicios sexuales y la adjudicación o continuidad de contratos estatales en el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y el Ministerio del Interior.
Lo dicho por Jiménez describe no solo el presunto intercambio de favores sexuales por contratos, sino también la existencia de una supuesta red de decenas de mujeres, intermediarios, encuentros con consumo de sustancias y posibles amenazas o represalias.
Ante estos hechos, el Instituto Anticorrupción plantea diversas hipótesis jurídicas que deben ser verificadas por las autoridades competentes. Entre los posibles delitos a investigar se encuentran el peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, cohecho, concusión, falsedad documental y delitos contra la libertad e integridad sexual.
El director del Instituto enfatizó que estas son manifestaciones de la entrevistada que requieren verificación independiente y no constituyen hechos probados ni imputaciones concluyentes.
La denuncia solicita una serie de diligencias urgentes. Entre ellas, recibir la declaración formal de Deicy Jiménez con enfoque de protección, identificar a otras posibles afectadas y solicitar a SEMANA la preservación y entrega voluntaria del material probatorio, respetando la reserva de la fuente y con el acompañamiento de la FLIP.
También se pide obtener los expedientes contractuales a través del Secop y el Congreso, entrevistar a los supervisores y ordenadores del gasto, y recibir declaraciones de María José Pizarro y Armando Benedetti. Finalmente, se solicita evaluar medidas de protección para los testigos y separar las investigaciones según los periodos de actividad parlamentaria y presidencial de Petro.
Acabo de radicar una denuncia penal contra Gustavo Petro por hechos relacionados con un presunto intercambio de favores sexuales por el uso de su influencia, como senador y como presidente, para facilitar la adjudicación de contratos públicos, según lo publicado hoy por Revista… pic.twitter.com/xGXuhIDo5i
— Camilo Enciso (@camiloencisov) October 25, 2026
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, también presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el expresidente Gustavo Petro.
La petición de Bustos es solicitar un juicio por indignidad por cuenta de su responsabilidad política, disciplinaria; en materia penal, y se recauden elementos materiales probatorios por la posible comisión de conductas delictivas con base en las revelaciones en SEMANA.