En los últimos días se generó una fuerte polémica luego de que en un foro de los precandidatos a la presidencia por el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal se despachara contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), específicamente con el tema de los “falsos positivos”, como se le conoce a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por entonces miembros de la fuerza pública.
En la conversación, Cabal aseguró que los “falsos positivos” son una forma de “destruir el honor de la fuerza pública”. Al respecto señaló: “Eso enferma la izquierda porque necesitan crear una narrativa que destruya el honor de la fuerza pública, por eso se inventan 6.402 falsos positivos. pero el presidente de la JEP no pública la lista para demostrarle que es falso. ¡Publique la lista, no deshonre más a los hombres que perdieron sus ojos sus piernas y su vida por este país!”.
No obstante, sobre el tema habló el lunes ante una charla con la JEP la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Antonia Urrejola, quien insistió que las ejecuciones extrajudiciales “sí existen”. En ese sentido aseveró: “Sobre los falsos positivos y la opinión de la Comisión, esta tiene varios casos sobre este tema y además hemos llegado hasta la Corte, por lo tanto entendemos que los falsos positivos existen y existen casos al respecto que han llegado al sistema interamericano”.
Prueba de ello es que durante las audiencias de judicialización de Jhon Castro Ramírez, alias El Zarco, implicado en al menos 14 muertos dentro de casos de falsos positivos, la Fiscalía reveló el testimonio de un sargento quien reconoce que para la época de los hechos, a ningún comandante del Ejército le servían capturas y por el contrario pedían muertos en combate.
Se trata del testimonio del sargento Rubiel Bustos Escarraga, quien reconoció que sus unidades militares realizaron varias operaciones militares con base en la información que les estregaba Castro Ramírez, quien es acusado por la Fiscalía de ser uno de los reclutadores de jóvenes para que el Ejército los asesinara y los hiciera pasar por subversivos muertos en combate.
“A ningún comandante le iba a servir capturas o algo así, entonces lo que buscaban era bajas en combate”, dijo el sargento durante una audiencia de interrogatorio con la Fiscalía.
De otro lado, la presidenta de la CIDH reconoció que “desde 2016 hemos venido dando seguimiento a los esfuerzos realizados por el Estado tras la firma del acuerdo de paz enfocándose en avances y desafíos que van de la mano del cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado colombiano en la materia”. Asimismo, señaló que en el país se han logrado varios avances en la implementación del acuerdo y destacó que se ha conocido “información relevante sobre los hechos y conductas relacionadas con el conflicto”.
Sin embargo, manifestó su preocupación con respecto al asesinato de líderes sociales en varios territorios del país, sobre todo en los rurales. En ese sentido expresó que “la violencia es persistente en diversos territorios del país, donde grupos armados se disputan por el control territorial y destaco con preocupación personal la violencia que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos, líderes sociales y además hemos observado con mucha preocupación el incremento de homicidios colectivos o masacres registradas en el país”.
Finalmente comentó que para que una paz sea verdadera y estable “debe contar con la voz de las personas que han sido afectadas”, aunque reconoció que “el contexto colombiano es complejo con la existencia de grupos armados ilegales, narcotráfico y paramilitares”.
