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El ministro de Defensa Iván Velásquez. - Foto: juan carlos sierra-semana

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Policía interviene en predios invadidos, pero necesita orden judicial para desalojar tras 48 horas, dice minDefensa

El ministro Iván Velásquez aclaró que no se ha dado instrucción de que no se actúe frente a esta problemática.

Las invasiones a predios en diferentes regiones del país han encendido las alarmas. Sin embargo, mientras la problemática se mantiene e incluso sigue creciendo, el Gobierno aún no ha garantizado una solución.

En entrevista con la emisora Blu Radio, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, advirtió que si la vía del diálogo no resulta efectiva, en ese caso se procederá con el desalojo de los predios invadidos. No obstante, precisó que si la ocupación supera las 48 horas, se requiere de una orden judicial para que la Policía pueda intervenir.

“El plazo no lo di yo; es un tema de ley que dice que la Policía puede desalojar dentro de las 48 horas siguientes a los ocupantes de un predio, contadas a partir de su ocupación, sin que haya necesidad de una orden. Actúan por iniciativa propia. Lo que había dicho en esa oportunidad era eso, que la Policía tenía esa facultad sin necesidad de una instrucción especial”, explicó el ministro a la citada emisora.

Si bien el funcionario afirmó que la Policía ha actuado en casos enmarcados dentro de esas 48 horas, precisó que el escenario cambia radicalmente si la ocupación ya ha superado dicho periodo. En dado caso, se necesita de una orden judicial para proceder con el desalojo.

“Lo que se había convenido con la Policía era que haría un procedimiento inicial de diálogo, pero siempre que no se afectaran esas 48 horas, de manera que si no se lograba ningún acuerdo, la Policía podía proceder directamente dentro de ese término. Así ha ocurrido en algunos casos. La situación con esto es siempre tratar previamente el diálogo, pero si no surte efecto, se procedería al desalojo”, anotó el ministro de Defensa en Blu Radio.

En ese sentido, Velásquez aseveró que no ha habido instrucción de parte de su cartera de hacer caso omiso a esta problemática, respondiendo a los cuestionamientos por una supuesta pasividad del Gobierno frente a las invasiones a predios.

“Ha habido actuaciones que han impedido que se consoliden invasiones u ocupaciones de esta naturaleza. En otras en las que han transcurrido esas 48 horas, ya es en virtud de una decisión judicial en el proceso que se inicia por perturbación de la posesión (...). Pasadas las 48 horas, la Policía solo puede actuar si tiene esa orden judicial”, puntualizó el ministro de Defensa.

Responsabilizan al gobierno Petro por invasiones a predios privados en el Cauca

El incremento de invasiones de predios privados en el norte del Cauca, especialmente por comunidades indígenas, es un problema que podría escalonar a convertirse en un conflicto mayor.

Así lo advirtió durante un debate en el Senado el congresista de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien responsabilizó por estos hechos al Gobierno y sus “anuncios improvisados” relacionados con la reforma agraria.

“Estas invasiones tienen como causa los anuncios improvisados del Gobierno nacional, la tesis que sostuvo la ministra de Agricultura fortaleció y dio motivos para que estas personas sintieran la protección del Estado, incluso el acompañamiento, para realizar esas acciones ilegales. Esto también está sucediendo en municipios del Valle como Dagua y Buenaventura y puede escalonar a un conflicto territorial si no se pone freno y atención de manera inmediata”, aseguró Motoa.

El senador expresó que este conflicto también afecta a un sector importante de la economía de la región como la agroindustria de la caña, ya que se registran fuertes conflictos entre trabajadores de esa industria y algunas comunidades indígenas.

Este conflicto no ha sido atendido de manera oportuna por el Gobierno y ellos mismos generaron mensajes erráticos que permitieron a esas comunidades sentirse avaladas para tomar acciones de hecho y el deber del Gobierno debe ser proteger de manera urgente la propiedad privada, ese es su deber constitucional”, explicó el congresista.

Cabe recordar que son miles de familias que dependen de la agroindustria de la caña y ahora sienten que sus empleos y manutención está en riesgo.