El Ministerio de Defensa, en cabeza del general (r) Jorge Mora, denunció 82 presuntos casos de irregularidades administrativas y contractuales en el sector defensa durante el gobierno de Gustavo Petro.
Mora detalló que, de los 82 reportes, 41 ya fueron radicados como denuncias formales ante las autoridades competentes.
El ministro de Defensa, Jorge Mora, detectó 82 posibles casos de corrupción del gobierno anterior por más de $155.000 millones. Entre las irregularidades señaladas, destacan inconsistencias en el mantenimiento de los helicópteros MI-17. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/J0qysrrMyy
— Revista Semana (@RevistaSemana) November 1, 2026
La afectación a las arcas de la cartera de defensa, según estimaciones del ministro, representa una afectación patrimonial preliminar superior a los $155.000 millones en recursos públicos por presuntas anomalías vinculadas a actuaciones del gobierno anterior.
El caso ‘más grave’
Dentro de las investigaciones en curso, uno de los asuntos de mayor gravedad corresponde a las inconsistencias en el contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17, aeronaves utilizadas por las Fuerzas Militares.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, dicho contrato habría sido presuntamente orientado hacia una empresa que no cumplía ni reunía las condiciones y requerimientos legales exigidos para este tipo de servicio.
Entre las conductas reportadas y puestas en conocimiento de la justicia figuran el presunto interés indebido en la celebración de contratos, la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, el cohecho, la colusión y posibles falsedades en documento público.
Su eventual configuración y las responsabilidades penales individuales deberán ser determinadas por las autoridades judiciales competentes, con pleno apego a las pruebas, al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Por su parte, el Ministerio de Defensa reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de control interno, adoptando las medidas administrativas correspondientes y aportando toda la información que soliciten los organismos judiciales para esclarecer los hechos, sin prejuzgar ni interferir en sus decisiones.
“Cada peso de los colombianos se respeta y se protege. La transparencia no es negociable”, puntualizó el ministro a través de su pronunciamiento institucional y en su cuenta de X.