Este jueves, 23 de enero, el Ministerio de Salud le envió un oficio a la Corte Constitucional en el que se le pide aclarar la apertura del incidente de desacato en contra de Guillermo Alfonso Jaramillo por el supuesto incumplimiento en el pago de los presupuestos máximos para el año 2022.
El Ministerio asegura que, tras revisar el incidente emitido el pasado miércoles, y en el cual se daban 48 horas para solucionar todo el tema de los incumplimientos, se observa que muchos de los reclamos ya fueron solucionados o no están bien detallados para dar una respuesta clara.
“Al tratarse de un auto de apertura a un trámite incidental de desacato, tanto las consideraciones como la parte resolutiva del proveído deben referirse exclusivamente al incumplimiento de una orden previa, pero no a la inclusión de nuevas órdenes”, resalta uno de los apartes del documento radicado ante el alto tribunal.
En simples palabras, se asegura que en el auto de la Corte existe un mensaje contradictorio, pues se dan nuevas órdenes y no se hace un seguimiento al tema en cuestión.
“Desconocimiento también de la resolución 067 de 2025 que fue proferida con ocasión de la facultad reguladora consagrada por el legislador al Ministerio de Salud (…) o si se entiende que en esta oportunidad la Sala está coadministrando y legislando en un tema regulatorio que es propio de esta cartera”, asevera.
En el incidente de desacato, la Corte Constitucional cuestiona la falta de cumplimiento por parte del Ministerio.
“No se han girado los dineros reconocidos como reajuste de los presupuestos máximos de la vigencia del año 2022 —por valor de 819 mil millones de pesos— a pesar de que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) del 26 de diciembre de 2023 autorizó que estos fueran cancelados con cargo al servicio de deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2024″, enfatizó el alto tribunal.
En el documento de 37 páginas se detalla que el Ministerio de Hacienda no ha transferido los recursos necesarios para cumplir el auto que le ordenó al Ministerio de Salud pagar los valores pendientes del reajuste en los presupuestos máximos reconocidos para el año 2021.
El caso tiene su origen en el 2023, año en el cual se le había ordenado al Ministerio de Salud presentar un cronograma con las acciones necesarias para reconocer y pagar los valores pendientes por concepto de reajustes en 2022. Ese plan no podía exceder los seis meses para su cumplimiento.
Tras un largo análisis, la Sala de Seguimiento indicó que “no se cumplió con lo dispuesto en el ordinal sexto del Auto 2881 de 2023, toda vez que transcurridos más de seis meses desde la notificación, no se ha creado la metodología unificada para la definición y reajuste de los presupuestos máximos”.
