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La PTAR Salitre limpiará 30 por ciento de aguas residuales de Bogotá, de la calle 26 a la 222.
La PTAR Salitre limpiará 30 por ciento de aguas residuales de Bogotá, de la calle 26 a la 222. - Foto: esteban vega la-rotta - semana

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Nuevo round por la Ptar Salitre: Tribunal ordenó el pago al contratista, pero la Procuraduría pide revocar el auto

Para el Ministerio Público, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca está poniendo en riesgo el patrimonio público al insistir en el pago de un contrato cuyo objeto no se ha cumplido.

La novela por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ptar Salitre parece de nunca acabar. En 2014 el Consejo de Estado emitió la sentencia del río Bogotá, por la cual responsabiliza a entidades públicas y privadas, industrias, la comunidad y autoridades de diferentes órdenes, para que pongan en marcha medidas para descontaminar al río.

Producto de esta sentencia, en el 2016 la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) adjudicó al Consorcio Ceps las obras de la ampliación de la Ptar Salitre por $ 1,5 billones para aumentar la capacidad de tratamiento de la planta de 4 m³ a 7,1 m³ por segundo y tratar así el 30 por ciento de las aguas residuales que llegan al río Bogotá.

La obra tenía que ser entregada en septiembre de 2021, fecha para la cual el Consorcio Ceps quiso entregarle las obras a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para que entrara a operarla, pero la entidad se negó a hacerlo luego de que la interventoría planteara varios reparos al estado de los equipos y otras condiciones técnicas.

La negativa de la EAAB se daba a pesar de los diferentes autos que emitió la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Villamizar, durante 2021 ordenando que la empresa de servicios públicos entrará a operar la ampliación de la Ptar.

La renuencia de la EAAB llevó a que en diciembre del año anterior la magistrada Villamizar emitiera un nuevo fallo ordenando nuevamente al Acueducto de Bogotá a que entrara a operar la Ptar y pidiéndole a la CAR Cundinamarca el pago de los porcentajes de obras ejecutados por el Consorcio Ceps, pago al que en su momento el director de la CAR, Luis Fernando Sanabria, se comprometió a cumplir.

No obstante, pasados 7 meses de la orden judicial, la CAR aún no ha procedido a efectuar el pago que le corresponde a Ceps por al rededor de $ 150.000 millones, por lo que la magistrada Nelly Villamizar procedió a emitir un nuevo auto el pasado 14 de julio, ordenando el pago inmediato al contratista.

Ahora, con el más reciente auto de Villamizar, surgió un nuevo round en toda esta batalla jurídica, esta vez con la Procuraduría General de la Nación, la cual le pidió a la magistrada revocar la decisión por ser manifestamente lesivo al proceso judicial y al advertir las graves consecuencias que traería la cancelación de ese pago.

De acuerdo con la Procuraduría, hay múltiples informes presentados por la EAAB, por el Consorcio Interventor IVK y por el mismo Banco Mundial, relacionados con importantes defectos, daños y averías de la Ptar Salitre fase II; los cuales no han sido controvertidos, desmentidos ni allegado prueba en contrario por parte del Consorcio Ceps, lo cual, según el Ministerio Público, “guiándonos con su manera de interpretar las normas y de apreciar las cosas, se deben tener por ciertos; situación que evidencia claramente que el contratista Ceps no ha cumplido con la principal obligación a su cargo”.

En ese sentido, la Procuraduría afirmó de manera tajante a la magistrada Villamizar lo siguiente: “se evidencia, de manera clara y transparente, que la decisión tomada por su despacho en este sentido, no se ajusta a las previsiones legales y que, contrario a lo pregonado, está poniendo en serio riesgo el Patrimonio Público, al insistir en el pago de un contrato cuyo objeto no se ha cumplido, y sobre el cual hay evidencia de incumplimiento, incluso por el mismo Banco Mundial”.

La posición de la Empresa de Acueducto de Bogotá es clara: “la Planta presenta serias dificultades que afectan o ponen en riesgo su correcta operación”.

La entidad ha manifestado que dentro de los considerados equipos principales y críticos hay varios que presentan daños severos, algunos de ellos nunca han operado desde que comenzó a funcionar la planta y otros presentan fallas recurrentes. Adicionalmente, no es claro si los equipos cuentan o no con garantías.

Indicó además que el sistema de control y operación no está funcionando adecuadamente (equipos que no están conectados o transmiten de manera errónea su estado). Esto implica que la operación es en su mayoría manual, generando riesgos operativos.

Así mismo, la EAAB advierte que no se han entregado los manuales de operación ni de mantenimiento, fundamentales para la operación.

Y puntualiza que “hasta el momento no se ha concluido la construcción de la Planta. Principalmente, falta terminar la conexión entre la fase 1 de la planta de tratamiento y la fase 2. Esto genera ineficiencias y dificultades en la operación”.

“Estamos a pocos meses que el contrato llave en mano de optimización y construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Salitre finalice, y hasta el momento no contamos con las condiciones adecuadas de operación”, concluyó.