El polémico convenio interadministrativo entre el Ministerio de Minas y Dispac, empresa distribuidora de energía del Chocó, en el que figuran contratistas vinculados con compañías salpicadas por el escándalo de Centros Poblados y hasta familiares de la senadora Martha Peralta, prometía llevar energía solar a más de 10.000 viviendas de zonas vulnerables de La Guajira.
Sin embargo, pese a que se trata de un proyecto de más de 300.000 millones de pesos, en numerosas comunidades las obras no han comenzado ni han llegado los materiales. SEMANA recorrió comunidades indígenas de Maicao y Albania, y encontró censos repetidos, entregas parciales, sistemas recién instalados con fallas e instalaciones en casas deshabitadas, mientras decenas de familias continúan esperando una solución energética.
A dos meses del vencimiento de los contratos, la distancia entre lo prometido y lo realmente entregado es grande. Para finales de septiembre, las proyecciones de los informes de ejecución situaban el avance de los lotes 1 y 4 en cerca del 93,5 %, si se cumplía el cronograma.
En los lotes 2 y 3 se estimaba para esta fecha un avance del 69,5 %. Sin embargo, la respuesta entregada por Dispac a SEMANA registra apenas 263 de 2.677 viviendas energizadas en el lote 1 (el 9,8 %); 60 de 2.674 en el lote 2 (2,2 %); 270 de 2.659 en el lote 3 (10,2 %) y 269 de 2.654 en el lote 4 (10,1 %). Frente al avance programado, el proyecto registra retrasos del 84 % en el lote 1, 67 % en el lote 2, 59 % en el lote 3 y 83 % en el lote 4.
En conjunto, según los cronogramas, el avance de la instalación de los paneles debía estar por encima del 80 %, pero Dispac solo registra 862 soluciones energizadas, equivalentes al 8,1 % de las 10.664 contratadas.
Es decir, los cuatro contratistas, que han recibido más de 100.000 millones de pesos en anticipos, aún tienen pendientes de instalación 9.802 soluciones y solo cuentan hasta el 30 de noviembre para lograrlo, plazo que los cronogramas destinaban a completar el montaje y la puesta en servicio, capacitar a los usuarios y cerrar el proyecto.
En el territorio, los habitantes de las comunidades sobreviven a oscuras, incomunicados y, en varios casos, ni siquiera se han acercado a avisarles cuándo podrían obtener sus paneles solares.
Rafael Jayariyú, de la comunidad indígena Montañita, ubicada en el lote 2 del proyecto y que debería conectar a 72 usuarios, aseguró que nadie ha llegado a su comunidad con materiales ni para instalar los paneles solares en las viviendas.
“Nada, todavía no han llegado. Nosotros cargamos el celular en un punto de fibra óptica que pasa por aquí, que han puesto para que los niños tengan internet”, manifestó a este medio. Además, dijo que, de no ser por “un bombillito, quedarían completamente a oscuras de noche.
La comunidad Mouwasira, del lote 4 y que debía tener 82 usuarios conectados, fue contactada hace cuatro meses, pero desde entonces no hay rastro de quienes deben darles soluciones fotovoltaicas.
“Hace cuatro meses nos llamaron. No han puesto ni un solo panel”, dijo Jorge Velásquez, habitante de la ranchería. Franco López, autoridad de Mouwasira, quien acompañó a SEMANA en el recorrido, aseguró que son varias las comunidades del sector que aún no reciben visitas posteriores al censo ni ven alguna intención de iniciar las obras.
“En marzo nos dijeron que era este año. Después dijeron que era abril, junio o julio. Hasta la fecha, nada. Prometieron, pero nada. Aquí vino un muchacho a medir distancias. Nos pusimos contentos, pero tampoco volvieron”, manifestó.
Y agregó que, dada la falta de energía, a la comunidad le toca cargar celulares en las casas de quienes han comprado paneles solares por su cuenta: “Cobran la carga entre 1.000 y 2.000 pesos”.
Wilder González Aguilar, habitante de Kululumana, asegura que quedaron esperando los paneles solares del convenio entre el Ministerio de Minas y el Dispac.
“Volvieron a censar, sacaron fotos de todo. Aquí prometieron energizar 48 casas. En ninguna han llegado los paneles. Estamos a oscuras. Uno tiene que ir a cargar el teléfono, así esté lloviendo. Sin el teléfono uno no es nadie”, expresó.
En Mouwasira, que debería energizar a 82 usuarios, Modesta Velásquez, líder y educadora, aseguró que, pese a que se cumplieron todos los requisitos previos, aún no se han instalado los paneles: “Ya han venido. Ya se reunieron todos los requisitos. Las ubicaciones, el censo, las fotografías y georreferenciaciones. Ya todo está”.
Y aseguró que la falta de energía afecta las clases de los niños wayúu: “Si hubiera conectividad, de pronto podrían ponerles un televisor y enseñarles de otra manera, con algo que les llamara la atención, que fuera motivador para ellos. Sería una herramienta más”.
Entre las comunidades que sí recibieron los paneles solares, algunas están conectadas casi en su totalidad, mientras que otras presentan, según los habitantes, conexiones parciales.
“Aquí le pusieron como a 40. En total somos más de 100”, dijo a SEMANA una habitante de Jurimaca, quien aseguró que la instalación fue poco a poco: “Colocaron primero el cableado, después el sistema y luego hubo que esperar a que llegara la batería. No llegó todo junto”.
En la comunidad de Wayachón, según los testimonios recogidos por SEMANA, los paneles se dañan, habría quedado equipo sin asignar y se instalaron paneles solares en viviendas deshabitadas.
“De pronto se apaga y deja de funcionar. Se apaga por varios días; entonces llamamos, lo arreglan y así sucesivamente. Ya ha pasado en cinco ocasiones”, dijo una mujer que habita una de las viviendas beneficiadas, quien aseguró que a varias casas también les ocurre.
Y agregó: “El de mi suegra se había hasta quemado. Creo que cambiaron la batería. Eso también se les explotó”.
Paola Atencio, habitante de Wayachón, aseguró que se realizaría una reunión de la comunidad para decidir qué hacer con cerca de diez paneles que “sobraron”. Además, aseguró que existen casas no habitadas a las que el consorcio les instaló un panel.
“Hay plantas instaladas, pero ahí no vive nadie. Son casas no habitadas”, indicó Atencio a SEMANA.
Ante el incumplimiento y la polémica por los contratistas involucrados, SEMANA conoció, a través de empresarios del sector fotovoltaico, que los integrantes de los consorcios estarían ofreciendo subcontrataciones para que una empresa con más músculo financiero logre terminar las obras.
SEMANA consultó a Dispac sobre los retrasos en el contrato, los testimonios de las comunidades y los contratistas ligados a empresas salpicadas en el escándalo de Centros Poblados, así como el lote en el que fue contratado el concuñado de la senadora Martha Peralta, pero no se obtuvo respuesta.