Pocos días antes de que finalizara la campaña para la primera vuelta de las elecciones a la presidencia, el 31 de mayo, el país tuvo que enfrentar una dura tensión que se desató por la presunta participación indebida en política de funcionarios públicos, encabezados por el presidente Gustavo Petro. Seis ministros, más de 140 servidores investigados disciplinariamente y una orden del Consejo de Estado son el panorama de campaña.
La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió en su último informe un incremento de reportes ciudadanos relacionados con presuntas irregularidades de la función pública durante la actual campaña presidencial; ese fenómeno se concentra en regiones como Bogotá, Antioquia, Cauca, Nariño y Tolima.
Entre el 14 de marzo y el 20 de mayo de este año, la plataforma Pilas con el Voto, administrada por la MOE, registró reportes asociados a posibles irregularidades de funcionarios por presuntas participaciones indebidas en política, uso de espacios o recursos públicos con fines electorales y actuaciones de servidores que podrían comprometer las garantías de imparcialidad de la contienda.
Pero mientras salía a flote ese informe, el candidato a la presidencia Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, desataron una tormenta por realizar eventos masivos en espacios supuestamente privados en el Valle y Sucre. Esos episodios terminaron en denuncias ante el Consejo Nacional Electoral por posible violación a la prohibición de participar en eventos públicos que comenzó a regir el 25 de mayo.
El Gobierno Petro calificó esas denuncias como “puro mito y pura ignorancia de la gente”. Por su parte, el procurador Gregorio Eljach explicó que, aunque esos eventos fueron masivos, eso “no le quita que sea privado”.
Pero desde diferentes sectores políticos y judiciales alertaron que esa práctica fue un claro incumplimiento de las normas electorales. Con el debate acerca de la participación política sobre la mesa, llegó un coletazo sin precedentes: el Consejo de Estado ordenó al presidente Petro que se “abstenga” de difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político.
La decisión se dio después de que la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) presentó una demanda contra el presidente Petro y el Dapre por el incumplimiento del artículo de la Ley de Garantías que prohíbe a los servidores públicos difundir propaganda electoral.
Las pruebas dentro del proceso permitieron a los magistrados de la Sección Quinta concluir que el presidente Petro ha incumplido dicha prohibición, pues algunas de sus intervenciones públicas y mensajes transmitidos a través de la plataforma X contienen propaganda electoral “a favor de su partido político”.
El Consejo de Estado llegó a esa conclusión, mientras que los congresistas investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara acumulan 11 procesos contra el mandatario por presunta participación indebida en política, sin que hasta el momento haya algún resultado de esos procesos.
Fue por eso que el procurador Eljach tuvo que pedirle a la Comisión de Acusación que presentara un balance sobre los avances en las investigaciones, pero tras recibir una escueta respuesta de una página, firmada por la presidenta de la comisión, Gloria Arizabaleta, expareja del candidato Roy Barreras, el procurador la calificó como “incompleta y desapacible”.
Arizabaleta y la representante Katherine Miranda, las congresistas investigadoras, deberán definir el futuro de esos procesos que han llegado contra el presidente por su abierta intervención en política por medio de mensajes en X, eventos públicos y otros escenarios en los que ha manifestado su clara participación a favor de su candidato, Iván Cepeda.
Los ministros
No solo el presidente Petro se ha pasado por la faja las normas; seis de sus ministros también están en la mira de las autoridades competentes con serias investigaciones por la participación en política que habrían tenido durante la campaña electoral. Uno de esos altos funcionarios es el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Además de los siete procesos penales que le lleva la Corte Suprema, hace pocas semanas la Procuraduría le abrió dos nuevas indagaciones disciplinarias por publicaciones que hizo en su cuenta de X, manifestando que ningún candidato presidencial le ganaría al presidente Petro si existiera la reelección, y por su declaración de construir un frente amplio progresista para ganarle al candidato de la derecha.
Otro proceso disciplinario avanza en contra de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien habría sostenido una pancarta que anunciaba apoyo a la Alianza Verde, en medio de un foro sobre el futuro de los peajes de las Autopistas del Café, que se realizó en la Universidad Nacional, sede Manizales.
El proyecto vial que está en el centro de la polémica por la propuesta de acabar la concesión. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también está en la mira después de que en su cuenta de X publicó la frase: “Alianza de la parapolítica y el neoliberalismo”, para referirse a la “gran coalición de base democrática” que anunciaron los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria.
Guillermo Alfonso Jaramillo, el polémico ministro de Salud, también es investigado luego de que en un evento, en el municipio de Coyaima, Tolima, advirtiera a los participantes que “hasta el perro y el gato tienen que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no, nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas”.
Hasta Eduardo Montealegre, exministro de Justicia, tiene una indagación abierta por la entrevista que dio a SEMANA en octubre de 2025 expresando su afinidad “con el proyecto político y la concepción del mundo que tiene Iván Cepeda”.
Calificó de “caricaturesca” la aspiración de Abelardo de la Espriella. La participación indebida en política ha estado tan desatada que la Procuraduría tuvo que abrir una investigación y suspender hasta este 31 de mayo a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, quien en una entrevista señaló que “la Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”.
Todo ese tipo de situaciones tiene en la actualidad a más de 140 funcionarios con investigaciones en la Procuraduría; entre ellos, la alcaldesa de San Onofre, en Sucre, Marta Cantillo, suspendida tras publicar un video en el que expresó su respaldo a un sector afín al petrismo.