La Personería de Bogotá ordenó la suspensión provisional por tres meses y sin remuneración de Javier Prieto Tristancho, alcalde encargado de Kennedy, por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de vigilancia del Fondo de Desarrollo Local.
La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico.
De acuerdo con el reporte conocido, la medida busca evitar que se repitan las presuntas irregularidades mientras avanzan las actuaciones correspondientes.
La vinculación de Prieto Tristancho está relacionada con las responsabilidades que habría ejercido en los procesos contractuales durante su encargo como alcalde local, particularmente en su condición de ordenador del gasto y supervisor.
Se trata de una decisión temporal dentro de una actuación disciplinaria, por lo que no equivale a una sanción definitiva ni demuestra por sí sola la responsabilidad del funcionario.

Los contratos cuestionados
Uno de los procesos señalados es el contrato CCB-759-2025, cuya ejecución tuvo cinco prórrogas consecutivas hasta el 25 de septiembre de 2026.
Entre los cuestionamientos figura la reducción de 15 a tres puestos de vigilancia sin una justificación técnica.
Otro de los casos corresponde al contrato CPS-966-2026, celebrado con la empresa Top Guard Ltda., en el que se habrían identificado deficiencias en la planeación.
La revisión también incluye la licitación pública FDLK-LP-001-2026, que fue declarada desierta por presuntas fallas en la metodología de evaluación económica de las propuestas.
¿Quién es Javier Prieto Tristancho?
Javier Prieto Tristancho fue designado alcalde encargado de Kennedy en febrero de 2026, según informó la propia Alcaldía Local.
Es abogado y cuenta con formación de posgrado en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo; Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo; y Gerencia Pública y Control Fiscal.

La administración local también reportó que tiene más de 11 años de experiencia en el sector público, principalmente en entidades del Distrito, incluidas las secretarías de Gobierno y Educación, y dos alcaldías locales.
Su designación tuvo como propósito dar continuidad a la gestión de la localidad y a los proyectos en curso.
La suspensión provisional pone el foco en tres procesos de contratación de vigilancia que ahora están bajo cuestionamiento disciplinario.
Para determinar las responsabilidades correspondientes, deberán considerarse los fundamentos de la actuación y las decisiones que se adopten durante el trámite.
