El centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia le pidió a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre el ‘decretazo’ que expidió el presidente Gustavo Petro para convocar la consulta popular, aunque ese acto después fue anulado por el mismo gobierno, consideran que es el momento para sentar jurisprudencia y ponerle límites a ese tipo de situaciones.
En un documento de 44 páginas firmado por la directora de Dejusticia, Diana Guzmán, el subdirector Rodrigo Uprimny y dos investigadores, le solicitaron al alto tribunal: “Consideramos que esta es una oportunidad valiosa para que la Corte modifique su interpretación sobre el control previo de los decretos que convocan a consultas populares y se pronuncie sobre la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad en decisiones concretas como el concepto previo del Senado".
En el concepto que llegó al despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual presidente de la Corte Constitucional, el centro de estudios jurídicos argumentó que el ‘decretazo’ de Petro vulneró el artículo de la Constitución que se refiere a la consulta popular, afectó la separación de poderes y pasó por encima del Congreso después de que le dijeron ‘no’ a esa iniciativa.
Por eso le solicitaron a los magistrados del alto tribunal que siente un precedente en dos procesos fundamentales: “la decisión debe señalar explícitamente que la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad las convocatorias a consultas populares en forma previa a ese pronunciamiento (...) estimamos que es conveniente que la Corte exhorte al Presidente de la República a que en casos futuros de convocatorias a consultas populares no desconozca las votaciones del Senado de la República”.
Esto teniendo en cuenta que el gobierno intentó sacar adelante la reforma laboral, el senado la hundió, el Ministerio del Interior pidió autorización para una consulta popular, los senadores le dijeron ‘no’ y desconociendo esa decisión, el presidente Petro la decretó; al final, terminaron derogando su propio acto administrativo después de que el legislativo dio luz verde a dicha reforma.
Dejusticia planteó la hipótesis que si la Corte sigue manteniendo el control posterior en ese tipo de resoluciones, se podría convocar una consulta inconstitucional, la gente saldría a votar y después se podría terminar desconociendo la decisión de la gente por la forma en que fue convocada.
Hasta el 10 de enero la Corte Constitucional y todos los funcionarios de la rama volverán de la vacancia judicial, por lo que después de esa fecha que se conocerá la decisión de los magistrados frente a ese dilema.
