Mientras que la violencia en Buenaventura, Valle del Cauca, no cesa por parte de diferentes actores como bandas delincuenciales, grupos armados organizados ilegales, delincuencia común, entre otros. El obispo de este municipio anunció que continúan las amenazas en su contra, sin embargo, no busca dejar la región.
Así entonces, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado en el que pidió un esquema de protección especial para el obispo de Buenaventura, Rubén Jaramillo, el cual habría sido blanco de innumerables amenazas e intimidaciones por las denuncias que ha hecho en contra de la violación de derechos humanos a la población civil.
En el comunicado, la entidad recalca que fue en medio de una reunión que se celebró en Cali el 5 de febrero, que “escucharon atónicos cada detalle del contexto social y del incremento de la violencia que se vive en la ciudad de Buenaventura”, por lo que habrían decido tomar acciones para proteger la vida de Jaramillo. En la misiva recalcan que se solidarizan, manifiestan su cercanía y apoyo al obispo ante las circunstancias que estaría pasando en el ejercicio de su rol.
Es de recalcar que, este obispo fue quien denunció la existencia de las denominadas “casas de pique” en este municipio del Valle, por lo que es considerado un líder religioso y comunitario por los residentes del sector. En este tipo de casas se realizaban prácticas de tortura, grupos armados organizados descuartizaban y mutilaban a personas con la única intención de enviar mensajes de terror a la comunidad. Este tipo de prácticas continuaban realizándose hasta el año pasado.
“Nos declaramos solidarios y gravemente preocupados por el nuevo ciclo de violencia que azota a Buenaventura. Unimos nuestra voz a la del hermano Obispo, Rubén Darío Jaramillo Montoya, quien viene alertando, con firmeza y angustia, sobre el riesgo de masacres en diversas comunas y caseríos del distrito”, fueron las palabras de la Conferencia denunciando las amenazas contra el obispo.
Fue el padre Darío Echeverri, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), quien pidió un acompañamiento por parte de las autoridades para que se proteja la vida de Jaramillo. Además, hizo un llamado directo a los grupos armados para que paren las agresiones en contra de la población afrodescendiente, indígena y colonos que habitan en Buenaventura.
“Nos preocupa enormemente la vida de monseñor Rubén Darío Jaramillo, el obispo de Buenaventura, él como buen pastor y llevando en su corazón el dolor de su gente ha denunciado lo que está pasando allí. Cómo los actores armados se han ensañado en esta región contra esta población y, como él ha tenido la valentía, el valor profético de denunciar lo que allí está pasando, ahora él es la víctima”, fueron las palabras de Echeverri sobre la situación de su colega.
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo también se pronunció al respecto, rechazando las amenazas a Jaramillo por parte de grupos armados ilegales. Según indicaron, en alertas tempranas esta institución ha identificado que en la región hay presencia del ELN y Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las cuales serían las culpables de las agresiones en Buenaventura.
“La Defensoría respalda el trabajo humanitario que viene adelantando la Diócesis de Buenaventura. Solicitamos a las autoridades prontitud en las investigaciones para dar con los responsables de dichas amenazas y su respectiva judicialización”, escribió la institución en su cuenta de Twitter, pidiendo celeridad con el apoyo al obispo Jaramillo, además de iniciar la respectiva investigación.
2/3 La @DefensoriaCol respalda el trabajo humanitario que viene adelantando la Diócesis de Buenaventura. Solicitamos a las autoridades prontitud en las investigaciones para dar con los responsables de dichas amenazas y su respectiva judicialización.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) February 8, 2022