Hay una gran polémica después de que se conociera un borrador de decreto con el que el Gobierno de Abelardo De La Espriella supuestamente busca derogar la reglamentación que la administración Petro había sacado con relación a las corridas de toros.

Entre otras cosas, se contemplaría la posibilidad de que los menores de edad puedan estar presentes en estos eventos, siempre y cuando estén acompañados por un adulto.
La Plataforma Alto se pronunció para rechazar esta iniciativa asegurando que esto representa un “grave retroceso en materia de protección animal y desconoce los avances normativos alcanzados en Colombia para poner fin a las prácticas de violencia y maltrato asociadas a la tauromaquia”.
“El Gobierno pretende modificar el marco normativo para permitir nuevamente la realización de corridas, en momentos en que la sociedad colombiana ha avanzado hacia una relación de mayor respeto y protección frente a los animales”, señaló.

Según dijo, esto se hace solo con el objetivo de beneficiar los intereses de un “reducido” grupo de taurinos. Además, rechazó que se pretenda normalizar que los menores de edad estén presentes en un espectáculo basado en la violencia y la muerte de animales.
Estas modificaciones que se contemplan, de acuerdo con la organización, podrían abrir la posibilidad de realizar corridas durante la próxima temporada taurina de diciembre y enero.
Por lo mismo, advirtió que el Ejecutivo debe tener presente que ningún decreto puede borrar la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé, que continúa plenamente vigente y que estableció la prohibición progresiva de las corridas de toros y demás espectáculos taurinos en Colombia.

Por todo esto, la Plataforma ALTO le hizo un llamado al Gobierno para que se retire este proyecto de decreto. “Colombia no necesita volver al pasado”, apuntó.
“Necesita avanzar hacia un país en el que la cultura, la tradición y el entretenimiento no tengan como condición el sufrimiento y la muerte de seres sintientes”, añadió.

Finalmente, dejó en claro que seguirá utilizando todas las herramientas ciudadanas, jurídicas y políticas a su alcance para defender los avances logrados y garantizar el cumplimiento de la Ley No Más Olé.
