La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó que los agentes de la Policía no pueden ser desplazados ni, mucho menos, reemplazados por las empresas de vigilancia privada en los partidos del fútbol profesional colombiano.
Esto, teniendo en cuenta que se trata de eventos con grandes concentraciones de personas y en los que existe una alta probabilidad de que se presenten agresiones o alteraciones del orden público por diversos factores.
En un concepto cuya reserva legal fue levantada por el Ministerio del Interior, el alto tribunal indicó que la Policía está en la “obligación” de participar en los eventos masivos. Para ello, cuenta con la capacidad y las facultades de prevenir cualquier riesgo que amenace la integridad de los asistentes o de los bienes que allí se encuentran.
Esta presencia se extiende hasta los alrededores de los lugares donde se realicen este tipo de actividades, en línea con las directrices de la Ley 1270 de 2009, que enfatiza la prevención de actos de violencia dentro de los escenarios deportivos.
En el concepto se limitó la participación de las empresas de seguridad privada en el desarrollo de los partidos a tareas logísticas y de control interno, entre ellas la verificación de la boletería, el control de ingreso, el retiro de objetos prohibidos y la facilitación del acceso de personas de especial protección.
En ningún caso pueden asumir funciones de orden público, enfrentar disturbios colectivos ni ejercer competencias reservadas exclusivamente a la fuerza pública. El Consejo de Estado también recordó que, sin protocolos firmados por la alcaldía, la Policía y el club organizador, ningún estadio puede habilitarse para partidos con público.
Este pronunciamiento se emite tras una consulta elevada por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Policía Nacional, que se encontraban en medio de una discusión sobre la seguridad en los escenarios deportivos.
Esto, teniendo en cuenta que existía un vacío en el Protocolo de Seguridad debido a diferentes decisiones judiciales. En la consulta se ponía de presente el aumento de enfrentamientos en las graderías o en los alrededores de los escenarios deportivos por parte de los asistentes.
El Consejo de Estado puso de presente que, pese a las decisiones de la Corte Constitucional, siguen vigentes las facultades de la Policía Nacional en materia de orden público, convivencia y protección ciudadana.