El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudiará una demanda que pide anular el acto por el cual el presidente Gustavo Petro designó en febrero pasado a Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio. En la acción judicial se advierte que se presentó una clara “desviación del poder” que llevó a que el jefe de Estado realizara esta designación.
En la demanda, presentada por el abogado Miguel Ángel Martínez Calderón, se señala claramente que el Decreto 0098 del 2 de febrero de 2024 debe ser anulado inmediatamente, pues se “vulneran los requisitos que se encuentran en la ley y en las normas reglamentarias, así como el principio de igualdad”.
En este sentido, se considera que “se configura una manifiesta desviación de poder por parte del Gobierno nacional” pues existían funcionarios y personas con más capacidades y experiencia que Rusinque para ese cargo.
Rusinque, abogada de la Universidad Externado de Colombia con un magíster en Estudios Políticos y Derecho Constitucional, tiene un plazo de 15 días para presentar sus argumentos ante el Tribunal. Igualmente, se le notificó de la admisión de la demanda al presidente de la República, Gustavo Petro, y a parte jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Para el demandante, es necesario que para estos cargos se designen a las personas idóneas que cumplan con los requerimientos y tengan la experiencia suficiente frente a los temas que se manejan. En el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio -advirtió- existe un manual de funciones muy claro que define a las personas que deben estar al frente.
Por esto, el abogado demandante cuestionó en su cuenta de X que se presente populismo con este tipo de nombramientos. “¡Los organismos técnicos como la Superintendencia se respetan! En esas entidades tan serias no tiene cabida el populismo y la improvisación por más que el presidente haya delegado esas funciones de policía administrativa”.
Rusinque, quien es considerada una de las personas más cercanas a Gustavo Petro, ya había ocupado la dirección del Departamento de Prosperidad Social. Incluso, fue postulada por el jefe de Estado como magistrada de la Corte Constitucional.
En contra de la superintendente existen otras dos demandas que piden anular su designación por considerar que no cumple los requisitos exigidos.
