Por presuntas irregularidades en PAE, formulan pliego de cargos a exsecretario de Educación del Meta y representante Juan Muñoz

El exsecretario de Educación del departamento del Meta y representante a la Cámara, Juan Diego Muñoz Cabrera, y el exjefe de Asuntos Contractuales de la Gobernación, Juan Pablo Reyes González, fueron acusados por la Procuraduría General de la Nación por supuestas irregularidades en la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La Sala Disciplinaria de Instrucción indicó que estos funcionarios podrían haber intervenido en la planificación del contrato en 2016, lo que “conllevó a que a los beneficiarios les fueran suministrados alimentos que incumplían con el aporte nutricional establecido por el Ministerio de Educación”.

“La entidad estableció que posiblemente se omitió en el componente técnico una minuta nutricional acorde a las exigencias del programa, lo que pudo afectar las necesidades nutricionales de la población escolar, con lo que habrían quebrantado los principios de economía, eficacia y responsabilidad”, señaló la Procuraduría.

Para ambos casos, el Ministerio Público señaló que provisionalmente calificó la presunta conducta de los disciplinables como falta gravísima cometida con culpa gravísima.

Investigación por el PAE en el Valle

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a la secretaria de Educación del Valle del Cauca, Ana Janneth Ibarra, por la presunta entrega de alimentos en mal estado a los estudiantes de la Institución Educativa Manuel José Reina, la cual causó la intoxicación de varios de ellos.

“La Regional de Instrucción del Valle señaló que el pasado 13 de febrero un total de 13 alumnos debieron ser remitidos al Hospital Francineth Sánchez Hurtado del municipio de Vijes por, al parecer, haber ingerido la comida que les fue suministrada, la cual habría sido almacenada a una temperatura muy alta que terminó por descomponerla”, indicó el Ministerio Público.

La actuación disciplinaria que ofició la Procuraduría General busca determinar la ocurrencia de la conducta de Ibarra, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y si se actuó al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que solicitó la práctica de pruebas conducentes al esclarecimiento de la situación.

Ante el comunicado emitido por el órgano de control, la Secretaría de Educación del Valle dijo que la entidad no ha sido notificada de manera oficial sobre la apertura de esta investigación.

Tras conocer el caso ocurrido el 13 de febrero de 2023, “se activó la ruta de verificación desde nuestro equipo Programa de Alimentación Escolar (PAE) para descartar la existencia de una Enfermedad transmitida por alimentos (ETA) y se instauró la Mesa de Vigilancia Permanente para brindar el acompañamiento necesario a nuestra comunidad educativa”, manifestó la Secretaría.

Por su parte, la dependencia de la Gobernación del Valle dijo que, realizados los protocolos de vigilancia epidemiológica por las autoridades competentes y tras el resultado emitido por la Unidad Ejecutora de Saneamiento (UesValle), luego de hacer el análisis a alimentos y bebidas presentes en la institución educativa, se concluyó que los estudiantes no presentaron intoxicación por ingesta de alimentos suministrados por el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Indagación preliminar en Quindío

Por otra parte, la Procuraduría General abrió indagación preliminar para identificar a los funcionarios de la Gobernación del Quindío responsables de presuntas irregularidades en el proceso de contratación del Programa Escolar de Alimentación para el departamento para la vigencia 2023.

Al parecer, las clases escolares iniciaron el pasado 23 de enero, “sin que el PAE se encontrara suscrito de manera formal y sin las garantías necesarias para las niñas, niños y adolescentes del departamento”.

El Ministerio Público solicitó conocer, en detalle, a las personas que participaron en la etapa precontractual y contractual para el desarrollo de la iniciativa, las actuaciones que se han dado como parte del proceso y la copia del acto administrativo, por medio del cual se expidió el manual de contratación para 2022 y 2023.

“La actuación disciplinaria oficiada por el Ministerio Público busca identificar e individualizar al o los presuntos autores, verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”, informó el organismo de control.

La Regional de Instrucción de Quindío validará si las clases arrancaron sin PAE de manera formal.