Presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, aseguró que espera reunirse con los delegados del Gobierno de Abelardo De La Espriella

El Presidente de la JEP aseguró que “están listos” para iniciar empalme con el Gobierno de Abelardo De La Espriella. “Hay que preservar la institucionalidad del Acuerdo de Paz”.

El magistrado Alejandro Ramelli aseguró que la JEP no puede medirse por el número de sentencias emitidas.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) manifestó este jueves, 25 de junio, que están “prestos” para reunirse con los delegados del Gobierno de De La Espriella con el fin de realizar los trámites de empalme.

El pronunciamiento hecho, en antesala a la audiencia por las ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba (Antioquia), tiene un gran trasfondo pues el presidente electo ha sido uno de los principales críticos de la funcionalidad de la JEP.

En días pasados, antes de la segunda vuelta presidencial, Abelardo De La Espriella catalogó a la JEP como un “bodrío”, asegurando que en diez años de labor solamente había emitido una sentencia en contra de los excomandantes de las Farc.

Esto, representa una afectación a los principios de búsqueda de la verdad y reparación para las víctimas.

Presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga Foto: JEP

Por eso, no dudó en señalar que iba a tomar medidas drásticas y de fondo en contra de este tribunal que fue conformado tras la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016.

Frente a esto, el presidente de la JEP aseveró que están listos para realizar los encuentros necesarios para el empalme.

“Nosotros estamos prestos a hacer el empalme con el equipo que designa el señor presidente electo, por el momento no hemos recibido ninguna comunicación, pero aprovechamos precisamente este escenario para decir que estamos listos para reunirnos con el equipo que el señor presidente electo designe y pues sostener un diálogo técnico sobre los desafíos, los avances, los retos que tiene la jurisdicción”, explicó el magistrado Ramelli.

Igualmente, en medio de la rueda de prensa, el presidente de la JEP aseguró que el nuevo Gobierno debe tener en cuenta las decisiones judiciales tomadas en los últimos meses.

“La Jurisdicción pues sí tiene un blindaje constitucional e internacional, pero más allá de eso yo creo que el mensaje tiene que ser que hay que preservar la institucionalidad del Acuerdo de Paz y todo lo que tiene que ver con la justicia transicional”, aseveró el magistrado.

Para esto, señaló que la JEP no puede evaluarse por el número de sentencias o fallos emitidos, como ocurre en la justicia ordinaria, puesto que el tema con el conflicto armado es mucho más complejo.

“Es decir, acá no es un tema únicamente de la jurisdicción, es un tema de todo ese andamiaje institucional que ha permitido que el acuerdo de paz se venga ejecutando en estos años, en estos diez años que lleva el acuerdo de paz”, aclaró.

¿Y el financiamiento?

Una de las principales críticas del ahora presidente electo tiene que ver con el millonario presupuesto que tiene la JEP y la falta de resultados desde su creación. Por esto, señaló que con un grupo de expertos iba a revisar los recursos económicos que se le entregan para su funcionamiento.

“Digamos, hay que mirar el tema del presupuesto, pero yo también insistiría en qué es lo que está de por medio y lo que está de por medio es la verdad, seguir con estas verdades judiciales como las que ustedes van a presenciar precisamente en la audiencia de hoy, la seguridad jurídica de los comparecientes”, indicó.

“Es que más allá del tema de la estabilidad económica de la jurisdicción y demás, lo que está de por medio es un sistema restaurativo, cuyos efectos ustedes los van a ver precisamente en esta audiencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que las víctimas por primera vez están accediendo a la verdad, están viendo resultados, están viendo que los comparecientes ya están realizando unas labores incluso antes de la sentencia y que al mismo tiempo más de 11.000 firmantes de paz están cumpliendo”, añadió.

Por esto, consideró que el financiamiento debe estar dirigido a proteger la “seguridad jurídica” de los comparecientes civiles y de la Fuerza Pública.

“Entonces, más allá de un tema presupuestal, yo lo que invito es a que reflexionemos sobre la implementación del acuerdo de paz y sobre los efectos que pueda acarrear, debilitar la institucionalidad que fue creada para que se pudiera cumplir”, enfatizó.