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- Foto: guillermo torres y Fiscalía

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Primicia | Director de la ‘casa del terror’ fue llamado a juicio por actos de tortura y tratos crueles

Jaime Masmela y varios trabajadores de esta IPS son señalados de ejercer todo tipo de vejámenes en contra de los jóvenes con problemas de drogadicción.

Un nuevo capítulo está próximo a escribirse en el proceso judicial por los innumerables vejámenes que se presentaron en la Fundación Resurgir a la Vida, ubicada en el barrio Normandía, en el occidente de la capital de la República.

Esto, después de que la Fiscalía General radicara el escrito de acusación en contra del fundador y varios funcionarios de esa IPS por actos de tortura y tratos crueles en contra de los jóvenes que fueron internados ahí para buscar apoyo frente a sus problemas de drogadicción, alcoholismo y otras adicciones.

En el documento se advierte que por orden de Jaime Masmela García, quien fungía como director y representante de la Institución Prestadora de Salud (IPS), los trabajadores aislaban, humillaban, golpeaban y les suministraban medicamentos no avalados a los pacientes con el fin de controlarlos y mantener la disciplina dentro de la casa, la cual, sea dicho de paso, no contaba con los permisos para operar.

Igualmente, no contaba con el personal calificado para tratar las adicciones y adelantar procesos de resocialización y reinserción social para los jóvenes que habían sido internados por sus padres.

Para la Fiscalía, llama la atención que en la nómina se encontraran a un ingeniero civil y entrenadores de educación física, profesiones que no denotan ningún conocimiento cuando del cuidado y la atención de personas con adicciones o desórdenes de comportamiento se habla.

En el marco de la investigación, en enero pasado se pudo establecer que, con el fin de evitar que los jóvenes les contaran a sus padres lo que estaba ocurriendo dentro de la casa, fueron aislados, amenazados, torturados y hasta drogados.

Prueba de esto son las pistolas eléctricas y las manillas para inmovilización que fueron encontradas en los operativos de allanamiento adelantados por el CTI de la Fiscalía con apoyo del Gaula Cundinamarca, la Secretaría de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En otra de las aristas de la investigación se encontró que los jóvenes con problemas de obesidad y aquellos que tenían una orientación sexual diferente (como ser homosexuales) sufrían tratos denigrantes, que afectaron gravemente su integridad personal. Entre estos –según los testigos- estaban actos de tortura, burlas sistemáticas, humillaciones y aislamiento.

En el caso de las personas que estaban en el programa para bajar de peso, eran “asegurados con cuerdas durante el almuerzo o la cena para que vieran a sus compañeros alimentarse”. Mientras tanto, las personas con una orientación sexual diferente eran amenazadas para que se “reintegraran” a la sociedad, una suerte de ”terapia de conversión“, a todas luces ilegal.

- Foto: guillermo torres y Fiscalía

Los actos de tortura habrían comenzado desde el registro de ingreso. Cada interno fue desnudado, amarrado y bañado con mangueras y escobas; esta era la metodología para “limpiarles las impurezas”.

Pese a que les pedían a los padres de familia, además del pago de mensualidad, la entrega de elementos de aseo y ropa, estas nunca fueron entregadas a los pacientes, quienes duraban semanas con la misma ropa y sin acceso a los baños.

En la vivienda no existía la posibilidad de espacios al aire libre, había hacinamiento, lo que ocasionó que muchos de ellos se enfermaran. Frente a esto, tampoco recibieron una atención médica oportuna y decente.

Incluso, como en las peores cárceles, existía un lugar conocido como el ‘pasillo azul’, en el cual los jóvenes eran torturados y amarrados cuando incumplían una norma de disciplina. En los castigos se les restringía el baño.

Por estos hechos, los imputados tendrán que responder en juicio por los delitos de tortura agravada con fines de castigo y discriminación, secuestro simple agravado, amenazas y concierto para delinquir. La presentación del escrito de acusación quedó fijada para el próximo 23 de agosto.

En la actualidad, Jairo Masmela, Tiberio Azcárate, Álvaro Azcárate y Leonardo Casas se encuentran privados de su libertad en centros carcelarios.