La Fiscalía, la Contraloría y la Presidencia pusieron la lupa sobre denuncias que advierten de presuntas irregularidades que se habrían presentado en la licitación de un contrato cercano a los 35.000 millones de pesos en ProColombia, entidad del Estado encargada de promover las exportaciones, la inversión y el turismo, entre otras actividades. En los señalamientos se vinculó a Jorge Iván Rueda Sotomonte, gerente de mercadeo de la organización, quien defendió su transparencia en el trabajo.
La licitación cuestionada tuvo como objeto la contratación de una agencia integral de comunicaciones para la estrategia país con una duración de 15 meses. Las personas que conocieron el caso lo describieron como un “contrato de altísimo impacto económico, reputacional y político”. El ganador fue Arenas Communications Colombia, y en el camino quedaron otras empresas con alta reputación.
A la Fiscalía se le advirtió que se estaría frente a un caso de supuesto contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, y que el responsable sería Rueda Sotomonte. Se les insistió en lo mismo a la Casa de Nariño, que ya inició las averiguaciones, y al ente de control fiscal.
En primer lugar, se acusó al gerente de mercadeo de ProColombia de concentrar, aparentemente, el poder en la licitación.
“Documentos oficiales del propio proceso acreditan que Rueda concentró simultáneamente la gerencia del área solicitante y técnica; la ordenación del gasto; la participación decisoria en la adjudicación; y la supervisión del contrato adjudicado”, señala la denuncia en la Fiscalía. Para probar esa tesis, los denunciantes remitieron archivos internos de esa organización.
Se le argumentó a la Fiscalía que este esquema, presuntamente, sería equivalente a que una misma persona defina la necesidad, decida el gasto, elija el contratista y luego se supervise a sí misma. En ese renglón se citó la norma que se habría violado: “El manual de contratación de ProColombia y el artículo 209 de la Constitución exigen separación funcional, imparcialidad y control. Nada de eso es posible bajo este diseño”.
Jorge Iván Rueda Sotomonte respondió que no ha actuado como juez y parte, dado que el proceso de evaluación de las propuestas comprendió aspectos jurídicos, financieros y técnicos en los que participaron profesionales de distintas áreas.
“Tampoco es cierto que la ordenación del gasto esté concentrada en la gerencia de mercadeo, sino que corresponde a otras áreas misionales de ProColombia. Finalmente, la participación como supervisor del contrato es compatible con la calidad de ordenador del gasto y no compromete la validez de la invitación de conformidad con lo establecido en el manual de contratación de ProColombia”, dijo el funcionario.
¿Conflicto de interés?
En segundo lugar, se alertó de que Rueda Sotomonte estaría relacionado con un conflicto de interés no declarado. Así fue argumentado ante el ente de investigación: “Jorge Iván Rueda mantiene un vínculo familiar directo con un actor relevante del sector audiovisual y publicitario, cuya actividad coincide con uno de los componentes más sensibles del contrato”.
Los denunciantes relataron que, presuntamente, el hermano del gerente de mercadeo, Juan Rueda, sería el socio fundador de Akira Cine, que prestaría sus servicios a varios de los competidores del contrato. Al ser cuestionado por el tema, el gerente lo negó: “No existe ningún conflicto de interés; por consiguiente, no tuve que declararlo. Así mismo, no se afectó el curso de la invitación”.
¿Contaminación?
En uno de los oficios que se les remitió a las autoridades judiciales se contó que, supuestamente, la invitación a participar en el contrato no sería cuestionada por un hecho aislado, sino por un patrón reiterado de decisiones que habrían “contaminado” el proceso.
Entre tantas cosas, se citó: “Reapertura material de etapas ya superadas; exclusión de un proponente previamente habilitado; reintroducción de requisitos restrictivos ya objetados en procesos anteriores; evaluación creativa altamente discrecional, con puntajes perfectos estadísticamente atípicos; y concentración del control del proceso en personas de confianza del decisor”.
Rueda Sotomonte dijo que no es cierto que se haya dado una reapertura de etapas superadas, “toda vez que las actuaciones adelantadas por ProColombia se enmarcaron en su deber de verificación y en la aplicación de mecanismos de aclaración previamente estipulados en los términos de referencia, encaminados a garantizar la transparencia, la legalidad y la capacidad jurídica de los proponentes. Esto no significó reabrir etapas del proceso que ya se hubieran presentado”.
En cuanto a la exclusión de un proponente previamente habilitado, él justificó que, antes de finalizar el proceso de selección, en uso de las facultades establecidas, se solicitaron unas aclaraciones y, luego de haberse cumplido el plazo, uno de ellos no dio respuesta de fondo, lo que motivó su rechazo.
¿A puerta cerrada?
Otro de los puntos que ha generado mayor revuelo en ProColombia es que el equipo técnico que durante años ha liderado este tipo de procesos –y que expresó reparos frente a la apertura de la licitación, sus tiempos y riesgos operativos– habría sido excluido del procedimiento una vez manifestó su desacuerdo.
“El mensaje interno fue inequívoco. El disenso no tenía cabida. El proceso quedó en manos de un círculo reducido, sin experiencia operativa directa y sin autonomía frente al decisor, desactivando los controles técnicos internos en un contrato de altísima sensibilidad pública”, relató a SEMANA una de las personas que tuvo acceso a este proceso.
Jorge Iván Rueda Sotomonte describió que, por tratarse de un proceso de esta magnitud, se cumplió con rigor, con los principios de transparencia y objetividad, aunque esa versión es cuestionada por los denunciantes.
“Este proceso se evaluó en distintas etapas. La parte jurídica y la parte financiera estuvieron a cargo de Fiducoldex y, en lo que corresponde al componente técnico, el equipo responsable se integró por un grupo de profesionales capacitados y con experiencia en este tipo de procesos que garantizan la implementación de esos controles necesarios”, agregó el funcionario.
Él aseguró que el equipo técnico sí participó en la mesa: “Es falso que la decisión de adjudicación quedara en un grupo pequeño de personas. Fue el resultado de un trámite con pluralidad de etapas que involucró un grupo diverso de profesionales idóneos. El proceso se surtió, de comienzo a fin, con transparencia y apego a la ley, se surtieron sus etapas, las cuales todas fueron y están publicadas en el Secop, plataforma de contratación pública estatal”.
Las autoridades judiciales ya comenzaron las investigaciones para detectar las presuntas irregularidades dentro de ProColombia y el papel que habría cumplido en ellas el gerente de mercadeo. En oficios de investigadores judiciales a los que tuvo acceso esta revista se ven las gestiones para recolectar pruebas sobre el caso.
SEMANA contactó al Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y a ProColombia para conocer la posición oficial sobre las denuncias que aquí se describen, pero, hasta la publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta.