Procuradora Margarita Cabello reiterará ante la Corte que la ley de paz total es inconstitucional

La Corte Constitucional revisará varias demandas presentadas por senadores opositores al Gobierno, como la congresista María Fernanda Cabal y José Uscátegui, quienes han señalado que el proyecto de paz total está viciado. Entre los argumentos planteados está que la iniciativa no cuenta con el concepto del Consejo de Política Criminal.

En el marco del estudio de estas demandas, el alto tribunal llevará a cabo este martes, 22 de agosto, una audiencia pública a la que acudirá la procuradora general, Margarita Cabello.

Según señaló el Ministerio Público, Cabello ratificará ante la Corte su visión sobre ”la inconstitucionalidad de la denominada paz total”.

“En el pasado, Cabello Blanco envió su concepto al alto tribunal en el que manifestó que los parlamentarios no tuvieron la posibilidad de desarrollar los debates requeridos de manera informada, puesto que nunca conocieron los insumos técnicos ni el informe del Consejo Superior de Política Criminal, que además debió remitirse al legislativo”, agregó la Procuraduría.

La intervención de Cabello está programada para las 9:40 a. m. y concluirá 20 minutos después.

Críticas de los opositores

Los opositores a la norma también han señalado que la ‘paz total’ ha disminuido la capacidad de la fuerza pública, limitando su accionar tras los ceses al fuego bilaterales que ha ordenado el Gobierno nacional, como ocurrió con el ELN, en donde el Gobierno tuvo que suspender el decreto luego de que la guerrilla asegurara que no se había pactado nada referente a ese tema en hechos a principio de este 2023.

También los políticos de oposición han cuestionado que se estén haciendo suspensiones de órdenes de captura de criminales de alto impacto que integran agrupaciones como el ELN y las disidencias de las Farc. Para Uscátegui y Cabal, la ley que dio trámite a la ‘paz total’ en el Congreso tiene varios vicios y se debe revisar por parte de la Corte Constitucional.

Y es que para el Gobierno nacional, la ‘paz total’ “es una política de Estado y será prioritaria y transversal en los asuntos del Estado, participativa, amplia, incluyente e integral tanto en lo referente a la implementación de acuerdos como con relación a procesos de negociación de diálogo y sometimiento a la justicia; los instrumentos de la ‘paz total’ tendrán como finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera con garantías de no repetición y seguridad para todos los colombianos, estándares que eviten la impunidad y garanticen el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”.

De igual manera, señala la ‘paz total’ del gobierno que “se establecen acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”.

“Además, se entenderá por estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto aquellas organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas organizadas en una estructura jerárquica, y en red, que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificaciones en la convención de Palermo, que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen y cumplan funciones en una o más economías ilícitas”, dice la ley de ‘paz total’.

Para algunos sectores políticos contrarios al Gobierno, la ‘paz total’ ha permitido el fortalecimiento de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, y que se presenten casos como los registrados en los últimos días, en donde se ha dado el secuestro de cuatro militares, incluso algunos de ellos mientras se encontraban de permiso, siendo sacados a la fuerza de sus casas.

Por esta razón, la Corte Constitucional escuchará por parte del Gobierno al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para que entregue sus argumentos de defensa sobre la política de ‘paz total’ del Gobierno y a los sectores políticos que señalan que este proyecto es lesivo para la seguridad del país.