Nación
Procuraduría entra en juego y cita mesa técnica por la licitación del IDRD: “Con el propósito de exponer los hechos”
SEMANA conoció que el Ministerio Público asumió vigilancia preventiva sobre el polémico proceso de seguridad privada del IDRD y citó a una mesa técnica para mañana.
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El escándalo por la fallida licitación de seguridad privada del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), revelado por SEMANA, ahora llegó a la Procuraduría General de la Nación.
SEMANA conoció que la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá decidió abrir una actuación preventiva para hacer seguimiento al proceso de adquisición del servicio de vigilancia y seguridad privada del IDRD, adelantado a través del Mercado de Compras Públicas (MCP), administrado por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).
En un oficio fechado el 16 de octubre de 2025, la entidad explicó que asumió el caso luego de que la Bolsa Mercantil comunicara su decisión de no realizar la rueda de negociación convocada, argumentando “la ausencia de pluralidad de oferentes y la existencia de posibles contradicciones regulatorias entre las condiciones establecidas en la Ficha Técnica de Negociación (FTN) y las normas expedidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”.
La Procuraduría citó a los representantes del IDRD y de la Bolsa Mercantil a una Mesa Técnica Preventiva este viernes, 17 de octubre a las 10:00 a. m., en el edificio Manuel Mejía (carrera 10 No. 16-82, piso 9), “con el propósito de exponer los hechos, actuaciones y fundamentos técnicos relacionados con la suspensión de la rueda de negociación mencionada”.
Según el documento, la mesa busca que las entidades involucradas informen detalladamente las actuaciones, antecedentes y medidas adoptadas, y que el Ministerio Público pueda “verificar los hechos, valorar los riesgos administrativos o jurídicos y definir, de ser necesario, la adopción de recomendaciones preventivas”.
La Procuraduría recordó, además, que los servidores públicos están obligados a atender los requerimientos de las autoridades y les advirtió que no pueden “omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las solicitudes de las autoridades”.
El ente de control precisó que su actuación “tiene como objetivo anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública”, y aclaró que el seguimiento “no implica coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas o técnicas”.
Por ahora, el balón pasó a la Procuraduría, que vigilará de cerca cómo se juega este millonario proceso.
