La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra Gorky Muñoz Calderón, exalcalde de Neiva, por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2021.
La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal encontró que Muñoz, en su periodo como alcalde, “omitió garantizar la prestación continua, oportuna y efectiva del servicio para la entrega de los kits de alimentación” que debían ser suministrados a los estudiantes beneficiarios de Neiva.
En el proceso contractual, según el Ministerio Público, se habría encontrado diferencias en los períodos comprendidos entre el 11 de enero y el 7 de febrero, del 23 de febrero al 10 de marzo, del 30 de marzo al 13 de junio, y, en el segundo semestre académico, del 2 de septiembre al 18 de noviembre de 2021.
Estos incumplimientos, informó el ente de control, afectaron la atención de niños, niñas y adolescentes que no recibieron las raciones correspondientes en tiempos de emergencia por la pandemia del Covid-19.
“Con lo que posiblemente Muñoz Calderón quebrantó el principio de eficacia, por lo que de manera provisional se calificó la presunta conducta como falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave”, detalló la Procuraduría.
Muñoz se encuentra sancionado por destitución e inhabilidad general de nueve años y seis meses por “irregularidades en la firma de diferentes contratos para atender la emergencia sanitaria generada por el covid-19″.
“El Ministerio Público estableció que en la contratación de una campaña de cultura ciudadana para la mitigación y prevención del covid-19, se incurrió en errores en los valores de uno de los puntos del documento, situación ocasionada por las inconsistencias entre el número de las unidades requeridas y las contratadas", expuso la Procuraduría en 2023.
Dentro de los contratos revisados, se suscribió uno para brindar alimentación durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 a la población vulnerable de la ciudad durante la pandemia, “se incluyeron elementos que no hacían parte de la propuesta inicial presentada por el contratista y que no tenían una relación directa con el objeto de este, ni una justificación de su conveniencia, necesidad o razonabilidad, lo que incrementó el monto de los kits alimenticios en 330 millones de pesos“.