La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional declarar exequibles solo las medidas de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional en diciembre pasado que buscan recaudar recursos para atender la financiación de la salud.
El 22 de diciembre de 2025, el Gobierno Petro decretó la emergencia económica y social mediante el decreto 1390 de 2025 con el argumento de subsanar déficit fiscal agravado, a su juicio, por el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.
Luego, el 29 de diciembre de 2025, el Gobierno expidió el decreto legislativo 1474 (en desarrollo del decreto matriz, el 1390), mediante el cual se crearon y se cambiaron impuestos para cubrir el déficit fiscal de 2026.
En dos conceptos diferentes, recientes, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, le pidió a la Corte Constitucional declarar exequibles única y exclusivamente las partidas de la emergencia económica necesarias para financiar el sector salud.
Los recursos a recaudar en el marco de la emergencia económica que la Procuraduría considera ajustados a la Constitución serían del orden de 3.3 billones de pesos, con el propósito de equiparar en un 95 por ciento la UPC del régimen subsidiado a la del régimen contributivo.
Respecto de los demás tributos planteados por el Gobierno en su emergencia económica y social, el procurador le pidió a la Corte Constitucional declararlos inexequibles.