Procuraduría pidió absolver a la excongresista Piedad Zuccardi por parapolítica

Este lunes 19 de octubre, tras un extenso proceso penal, la Procuraduría General le pidió a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que emitiera un fallo absolutorio a favor de la exsenadora Piedad Zuccardi por el caso de la ‘parapolítica’.

En la solicitud, la delegada del Ministerio Público aseguró que no existen elementos materiales suficientes para que se emita una condena en contra de la excongresista.

En este sentido, puso en duda el tiempo, modo y lugar de las supuestas reuniones que sostuvo Zuccardi con paramilitares. Estos encuentros son la columna vertebral de la acusación contra la excongresista, quien estuvo varios años privada de su libertad.

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En sus alegatos señaló que en el juicio quedó demostrado que las reuniones que sostuvo la entonces senadora con integrantes de grupos paramilitares en el norte de Colombia tenían el visto bueno de la Oficina del Comisionado de Paz.

Las declaraciones de varios funcionarios de los gobiernos de Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez demuestran que no existió tal “carácter subrepticio” de esas reuniones en el municipio de Valencia (Córdoba), la cárcel de Itagüí y Caracas (Venezuela).

Es decir, no existió una finalidad de buscar un acuerdo político para beneficiarse para las elecciones o en contratos.

Desvirtuándose así lo mencionado en la acusación presentada en el año 2013.

En otro de los apartes de sus alegatos, que se extendieron por 20 minutos, la procuradora del caso consideró que la declaración del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso ha cambiado mucho con el correr de los años.

“Las declaraciones de Salvatore Mancuso variaron sustancialmente en el tiempo (...) Inicialmente, presentó un conocimiento presunto de un testimonio de oídas, en primer grado, al manifestar que sus afirmaciones sobre supuestos pactos provenían indirectos, escuchados en la cárcel de Itagüí o referidos por (alias) Ernesto Báez”, señaló.

Es decir, no es una prueba directa ni cuenta con una versión directa sobre los hechos materia de investigación.

Por su parte, la excongresista puso de presente el hecho de que durante su proceso penal existió una presión para el pago de dádivas con el fin de lograr resultados favorables, es decir, un archivo.

En este sentido, mencionó las presiones que se presentaron desde el magistrado Leonidas Bustos (condenado a diez años de prisión por el cartel de la toga), el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte (condenado a ocho años de cárcel por este mismo escándalo) y el abogado Gustavo Moreno.