A través del decreto 1390 de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro expuso todas las razones que lo llevaron a decretar una emergencia económica en Colombia, la medida que ha sido cuestionada por economistas, juristas y distintos sectores.
El documento de veinte páginas expuso que para la vigencia 2026, se aprobó el Presupuesto General por 546 billones de pesos, lo que redujo en 10 billones de pesos el monto propuesto y empezó a crear un hueco en las estimaciones que tenía el Gobierno para el próximo año.
Por eso, el decreto advierte que “pese a la implementación de estas medidas, las presiones en las finanzas de la nación son persistentes. Situación que el Gobierno nacional ha buscado conjurar con medidas que permitan el incremento de los ingresos corrientes de la nación y la reducción del gasto”.
Asimismo, explicaron que la Ley de Financiamiento iba a reducir gastos tributarios, establecer impuestos al patrimonio a personas naturales, incrementar el impuesto de renta del sector financiero y contribuir con la prevención en salud pública con impuestos saludables, entre otras medidas en pro de la economía. Esa misma ley se cayó hace pocos días.
El decreto también admitió que “todas las acciones realizadas por el Gobierno, tendientes a la superación del déficit fiscal, no han sido suficientes porque la solución no depende exclusivamente del desarrollo de sus competencias” y hasta dejó el balón en la cancha del Congreso advirtiendo que han “negado las soluciones de mayores ingresos tributarios”.
También explicaron que no es posible un recorte inmediato de gasto por parte del Gobierno, teniendo en cuenta que el 93 % del presupuesto corresponde a obligaciones como el gasto público social, el Sistema General de Participaciones, las sentencias ejecutoriadas, los subsidios causados y no pagados y el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que se paga por cada afiliado al sistema de salud, ordenado por la Corte Constitucional.
Esas obligaciones también están relacionadas con la atención de desastres naturales, el grave deterioro que vive el país por el orden público y la protección de candidatos para las próximas elecciones, un reto mayor después del asesinato del precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.
El Gobierno Petro también explicó que el incremento de las necesidades ha aparecido con el déficit que han dejado los subsidios para la prestación de energía eléctrica, los cuales han tenido que ser cubiertos por la Nación para cumplir con las obligaciones, sin tener resultados “suficientes”.
Por eso, el documento argumentó que, para atender la crisis económica, se estipularan nuevos “impuestos directos e indirectos” para las personas naturales con mayor poder contributivo, así como tributos para atender asuntos ambientales y de salud pública.