Refugiados en zonas fronterizas son víctimas de desatención y xenofobia, asegura la Procuraduría. Este es el panorama

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para la protección de los miles de migrantes que pasan por Colombia en búsqueda de un mejor futuro, destacado la persistencia de situaciones de victimización en zonas fronterizas que afectan a estas personas.

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, hizo hincapié en que muchos migrantes que llegan a Colombia permanecen en el país para gestionar su estatus de refugiados y durante este proceso son víctimas de diversas formas de violencia, como trata de personas, trabajos forzados y explotación sexual infantil, entre otras vejaciones.

En este sentido, el pasado 30 de mayo, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, y el delegado Sarmiento se reunieron con entidades nacionales, alcaldías y gobernaciones de los departamentos y municipios más afectados por el fenómeno migratorio. Durante este encuentro, se acordaron acciones urgentes para fortalecer la atención integral a estas personas.

Según cifras de Migración Colombia, diariamente llegan entre 400 y 1000 migrantes a los municipios del Urabá antioqueño y Chocoano, como Necoclí, la mayoría en tránsito hacia Estados Unidos, pero un porcentaje importante decide quedarse en Colombia en busca del estatus de refugiado.

Para la entidad, a pesar de algunos avances, la situación sigue siendo crítica, por lo que el Ministerio Público hizo un llamado a las entidades responsables para que implementen de manera efectiva las medidas acordadas y así evitar posibles procesos disciplinarios por incumplimiento.

El delegado Sarmiento reiteró la importancia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores avance en la implementación de la Política Integral Migratoria y establezca una ruta clara de implementación a nivel nacional y territorial. “Estas acciones son fundamentales para garantizar la protección de los derechos y el bienestar de los refugiados y migrantes en Colombia”, aseguró la Procuraduría.

Cabe recordar que, a corte del mes de abril, de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo, hay un registro de 97.624 migrantes que han atravesado el también llamado Tapón del Darién. Estos datos de flujo migratorio irregular dan cuenta de que la mayoría de personas son de origen venezolano (35.774), les siguen habitantes de Haití (24.767), ecuatorianos (15.386), incluso hay registro de personas provenientes de China (4.408) e India (2.689).

“Planes” para mover migrantes hasta Panamá y Nicaragua

La Fiscalía General, en colaboración con la Dijín de la Policía Nacional, logró desarticular una peligrosa red criminal conocida como Caravana, dedicada al tráfico de migrantes. Este grupo, conformado por un clan familiar y otros individuos, se habría asociado para contactar a ciudadanos extranjeros y proporcionarles toda la logística necesaria para llevar a cabo salidas ilegales hacia Centroamérica.

En una serie de operativos simultáneos realizados en las ciudades de Pasto, Nariño; Popayán, Cauca, Medellín y San Andrés Islas, se logró la captura de 11 presuntos miembros de esta organización.

Las pruebas recopiladas por el ente acusador indican que Caravana utilizaba redes sociales y grupos privados de WhatsApp para reclutar a migrantes en situación irregular en el país y ofrecerles “paquetes” que incluían transporte, alojamiento, alimentación, boletos aéreos, documentación falsa y traslados marítimos hacia Panamá y Nicaragua. Para llevar a cabo estas actividades, al parecer, utilizaban tres rutas distintas:

1. Ipiales - Popayán - Cali - Buenaventura - Panamá.
2. Ipiales - Medellín - Necoclí - Panamá.
3. Ipiales - Medellín - San Andrés Islas - Nicaragua.

La Fiscalía determinó que el transporte terrestre se realizaba a través de taxis y vehículos particulares, cuyos conductores presuntamente formaban parte de la organización. También se descubrió que los extranjeros que pagaban por salir desde San Andrés eran alojados durante algunos días en apartamentos ubicados en el Valle de Aburrá y luego eran llevados al aeropuerto de Rionegro, en Antioquia, para volar hacia el archipiélago, ingresando con documentos falsos y aparentemente con la ayuda de un funcionario de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).

De esta manera, se estima que los Caravana habrían facilitado la salida irregular de ciudadanos venezolanos, cubanos, haitianos, ecuatorianos, asiáticos y africanos desde diciembre de 2021 hasta mayo del presente año.

Entre los 11 detenidos se encuentran Anderson Giraldo Pérez, su hermano Jhon Freidel Espinal Pérez y su madre, Alba Luz Espinal Pérez, quienes se cree que son los principales cabecillas de esta red criminal. Durante la investigación, se descubrieron grabaciones de audio en las que presuntamente daban instrucciones a transportistas y otros posibles cómplices, así como mensajes para generar confianza entre los migrantes acerca de la seguridad y el éxito de los traslados.

Otra de las personas arrestadas es Víctor Hugo Hooker Martínez, inspector de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), quien supuestamente facilitaba la entrada irregular de extranjeros a San Andrés y obstaculizaba el ingreso de otros migrantes que no eran enviados por ‘Caravana’.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos formuló cargos contra los presuntos miembros de esta red ilegal, imputándoles los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Sin embargo, los acusados no aceptaron los cargos.