El movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción del precandidato presidencial Rodolfo Hernández le presentó el lunes pasado 150.000 firmas a la Registraduría para avalar la lista de siete candidatos a la Cámara de Representantes, pero el ente no las aceptó.
“La falta de una póliza y del registro de los candidatos fueron los motivos por los que el trámite no pudo continuar”, explicó La Vanguardia, y agregó que si antes del 13 de diciembre no se presentan las firmas necesarias, el precandidato podría quedarse sin participación en las elecciones de 2022.
“La Liga de Gobernantes Anticorrupción es la primera lista a la Cámara de Representantes por Santander en entregar firmas, así lo afirmó el delegado departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Luis Alberto Chávez”, reveló el movimiento el día que entregaron las firmas.
La lista estaba conformada por Érika Tatiana Sánchez, Juan Manuel Cortés, Adriana Marcela Duarte Peñaloza, Adriana Lizeth Vargas Uribe, Ramón Darío Amaya, Silvia Milena Colmenares Castro y Jairo Enrique Grimaldos.
Según explicó la liga, los siete candidatos buscarán representar al departamento de Santander en el Congreso de la República, con el fin de robustecer los procesos y leyes que allí se establecen, y así minimizar los hechos de corrupción que tanto han afectado a las regiones, impidiendo su desarrollo.
No obstante, el movimiento reveló este sábado a través de su cuenta de Twitter que volverán a presentar las 150.000 firmas, pero en la Registraduría Seccional Santander.
¡Seguimos adelante! #LigaAnticorrupcion #RodolfoHernandez pic.twitter.com/LsdOpttspT
— LIGA de Gobernantes Anticorrupción (@LigaGobernantes) November 27, 2021
Hay que recordar que Hernández, en una entrevista exclusiva con SEMANA, aseguró que iba a “arrasar” con todos en la primera vuelta.
Además, en el debate de pesos pesados realizado por SEMANA, le cantó la tabla a los candidatos Enrique Peñalosa, Juan Carlos Echeverry, Federico Gutiérrez y David Barguil, asegurando que “ellos han gobernado este país por años y no han hecho nada; estos indicadores los hemos escuchado toda la vida y tienen a 22 millones de colombianos aguantando hambre”.
De igual forma, afirmó que todos sus contrincantes han tenido cargos públicos y “no hicieron nada”.
“Lo que tenemos que hacer es quitarles la chequera a todos los ladrones que llevan años robándole al país, no son cuentos, son realidades”, enfatizó.
Afirmó, además, que la política neoliberal ha gobernado durante 35 años, acabando con el campo colombiano. “Se necesita aplicar dinero al campo para que podamos equilibrar el empleo”, complementó, y agregó que no se compromete con una cifra de creación de empleos porque para él “esos son puras mentiras y manipulaciones”.
Su comentario generó la reacción de los demás candidatos, quienes manifestaron su molestia por los comentarios.
Una vez más, el candidato decidió arremeter contra Federico Gutiérrez, mostrando un documento sobre la investigación que se lleva en contra del exalcalde por las irregularidades de Hidroituango, luego de que el candidato lo atacara por ser el único que está siendo investigado por su posible participación en actos de corrupción en Bucaramanga.
En cuanto a la pregunta de los subsidios, el candidato Hernández afirmó que el país siempre ha tenido una irresponsabilidad en la política económica. “Traemos maíz de Argentina, importamos casi 50 millones de toneladas de comida, eso es una irresponsabilidad”, dijo.
Por esta razón, afirmó que para él es clave apoyar y subsidiar al campo para que sea más productivo y acabar con las estructuras de importación del país.
En cuanto al salario mínimo, afirmó que no se trata de modernizar el salario. “Yo tengo una empresa y la persona que menos gana, gana 1,6 salarios mínimos; si ponemos más plata en los bolsillos de los colombianos, nos va mejor a los industriales (...) Colombia está secuestrada por politiqueros ladrones, no hay acciones concretas”, aseguró.
En cuanto a la pregunta que le hizo el candidato David Barguil sobre la política de salud que él pondría en marcha, afirmó que lo que hay que hacer es un análisis de costo directo de los servicios que presten las cadenas de salud.
“(Tomé) una radiografía de un cuarto de pliego y analicé cuanto vale el radiólogo, la máquina, todo lo que se usa para la radiografía, con 30 millones de pesos mensuales al radiólogo por su prestación de servicio, y me dio 30.000 pesos. Y al Estado le cobran 120.000 pesos; pero es que, aseguraron, el Estado no paga cumplido”, contó.
En ese sentido, dijo que en todos los procesos iba a hacer análisis de precios para ver cuánto va a sobrar. “No es poner plata y plata y subir impuestos, simplemente análisis de costos directos para determinar preciso que sean justos”, concluyó.