La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) sostuvo este miércoles 21 de enero que no ordena, ejecuta ni administra los procesos de contratación de las Empresas Sociales del Estado (ESE), incluso cuando estas se encuentran bajo intervención estatal.
La aclaración llega en medio de denuncias por presuntas presiones en la gestión de contratos en el Hospital San José de Maicao y otras ESE intervenidas.
Según la Supersalud, frente a estas denuncias ha iniciado acciones de verificación interna, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia de todos los servidores públicos involucrados.
La entidad destacó que la transparencia y la ética en la administración de los recursos de la salud son prioridades en la gestión pública.
Esta polémica está marcada por dos hechos recientes. Por un lado, el Ministerio de Salud entregó dos lanchas ambulancia al Hospital San José de Maicao, un municipio del desierto de La Guajira sin mar ni ríos navegables, lo que generó críticas sobre la utilidad de la inversión de 1.680 millones de pesos.
Por otro lado, se conocieron denuncias que señalan presuntas presiones sobre interventores y directivos del hospital para modificar los procesos habituales de compra y concentrar adquisiciones mediante esquemas directos y centralizados.
Durante reuniones se habría limitado el ingreso de personal y se habría insistido en alterar la forma en que los hospitales realizan sus compras, incluyendo medicamentos, insumos médicos y servicios de laboratorio.
Según los testimonios, la intención habría sido evitar licitaciones públicas y concentrar las adquisiciones bajo un modelo centralizado.
Entre las personas mencionadas en las denuncias está Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para prestadores de servicios de la Supersalud y esposa del ministro de Salud, quien habría participado en estas reuniones.
Gómez Consuegra ha negado haber impartido directrices para la contratación de manera específica y presentó certificaciones que respaldarían su versión.
El Hospital San José de Maicao continúa bajo intervención administrativa prorrogada hasta junio de este año. Esta medida permite al Estado supervisar su gestión. La Supersalud, según su pronunciamiento, se limita a verificar posibles irregularidades dentro de este marco.
Por ahora, las verificaciones internas buscan determinar si efectivamente hubo irregularidades, quiénes participaron y si procede adoptar sanciones o recomendaciones. Además, continúan sin aclararse aspectos como el destino operativo de las lanchas ambulancia y la justificación técnica para su entrega a un municipio sin cuerpos de agua navegable.
