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María Isabel Rueda habla sobre la fumigación con glifosato. | Foto: Semana

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Tik Tak | Corte entierra fumigación de cultivos de coca

María Isabel Rueda cuenta que el final estaba cantado. En Colombia no se podrá combatir la coca con aspersión aérea. La Corte Constitucional le dio un año al Gobierno para unas consultas con comunidades, las cuales resultan imposibles en la práctica. Mientras tanto, a soñar con la sustitución voluntaria, romántica y quimérica.

20 de enero de 2022

A las 7:15 a. m. suena el segundo Tik Tak de hoy jueves 20 de enero en SEMANA y suena por los lados del golpe final que le dio la Corte Constitucional a la posibilidad de que Colombia se defienda de la toma de su territorio por parte de los cultivos ilícitos fumigando con glifosato, literalmente el campo de cultivo de la industria de la droga que es la gasolina de la violencia en Colombia.

Puede ser un golpe final el que le dio la corte al glifosato, pero esa batalla ya estaba perdida. Se perdió la primera vez cuando el gobierno Santos prohibió el glifosato alegando que era cancerígeno; cuando también existe la teoría de que fue la primera entrega de la intención del gobierno Santos para indicarle a las Farc que tenía la decisión tomada de llegar al acuerdo de La Habana.

Luego, en el propio acuerdo, no quedó prohibida categóricamente, pero sí quedó reducida la aspersión a un remoto plan B. Después la fumigación se volvió un crimen entre los ambientalistas, sin que hubiera consideraciones sobre el hecho de que el glifosato se usa cotidianamente en las labores agrícolas del campo.

Básicamente, según la corte, no es cierto que los 14 departamentos de 104 municipios donde iba a operar en un aspecto parcial la aspersión, no existan comunidades como resguardos indígenas y comunidades negras con las que hay que concertar precisamente una aspersión.

Pues una consulta previa con cada una de estas comunidades, que sienten que se traslapan o sobreponen territorios que son fumigables con sus asentamientos de comunidades étnicas, pues es imposible hacerlo en la práctica, por más romántica y garantista de los derechos que suena la orden de informar plenamente a las comunidades de los planes de aspersión y sus implicaciones en la teoría.