Gracias a una acción popular que instauró la Procuraduría General de la Nación en contra del Ministerio de Salud, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó medidas cautelares urgentes por la escasez y el desabastecimiento de medicamentos.
En su acción popular la Procuraduría pide que se proteja el derecho fundamental a la salud, la moralidad administrativa de los consumidores y usuarios, que han sido afectados y amenazados por “las acciones y omisiones del Ministerio de Salud, en particular, el descuido en la expedición del Conpes que establezca una nueva política farmacéutica nacional, la cual sigue sin tramitarse, y fuera ordenada por la Ley Estatutaria de Salud”.
“Se espera que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) regule todo el sistema de medicamentos del país, desde la expedición de registros, la fabricación, importación, comercialización, los sistemas de control y regulación de precios; con el fin de garantizar su disponibilidad para el tratamiento de todas las enfermedades que aquejan a los colombianos”, dice la Procuraduría.
En septiembre de este año, tras recibir varias alertas de las EPS sobre la escasez y desabastecimiento de medicamentos, la Procuraduría radicó un memorial informando al Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la situación.
De acuerdo con la información recibida por la Procuraduría, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) acumula 27.904 trámites de registros sanitarios sin evacuar.
Los trámites acumulados corresponden a nuevas solicitudes de registros sanitarios, renovaciones, modificaciones y autorizaciones de publicidad que han impedido tener en el mercado miles de medicinas como vacunas, anticancerígenos, antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, antiparasitarios, antiagregantes plaquetarios, anticonvulsivantes, y otros vitales para el tratamiento de enfermedades mentales, enfermedades huérfanas y enfermedades catastróficas que requieren niños, adolescentes, mujeres, adultos y personas de la tercera edad, sujetos de especial protección constitucional.
Es por esto que, con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ha dado la razón a la Procuraduría y ha decretado como medida cautelar de urgencia, ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social y al Invima, que en un término máximo de diez días, se presente un plan de respuesta que contenga las acciones orientadas a resolver la crisis de escasez de medicamentos; también a priorizar el diligenciamiento y resolución de las más de 27 mil gestiones sin resolver y a garantizar la suficiencia de las materias primas necesarias para la producción de medicinas en el país.
En el fallo firmado por el magistrado Luis Manuel Lasso se hace una fuerte advertencia sobre este desabastecimiento, señalando claramente que si no se toman medidas inmediatas en un futuro no muy lejano habrá un punto de no retorno que afectará la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Durante la investigación que adelantará la Entidad se revisarán los contratos que presuntamente se suscribieron por periodos de dos y cuatro meses, con el objeto de garantizar la continuidad en el apoyo al candidato al que se estaría dando respaldo por parte del burgomaestre municipal de cara a los comicios que se realizarán el próximo octubre de 2023.
Como parte de su actuación disciplinaria, el Ente de control solicitó la práctica de pruebas, y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
“Puede acarrear el desenlace fatal en muchos casos o el deterioro significativo de la calidad de vida de los sobrevivientes, con secuelas permanentes sobre su existencia, en muchos casos”, aclara uno de los apartes de la decisión de 27 páginas.
La Procuraduría anunció que vigilará atentamente el estricto cumplimiento de las órdenes impartidas por el Tribunal.