En abril de 2018, el abogado Luis Ignacio Lyons España se comprometió a colaborar eficazmente con la Fiscalía General en el marco de las investigaciones que se adelantaban por el ‘cartel de la toga’. El jurista, quien había representado al entonces senador Musa Besaile, estaba buscando concretar un preacuerdo o un principio de oportunidad con el ente investigador para declarar en los juicios penales que se adelantaban contra varios implicados en este escándalo de corrupción.
Fue de esta forma que el abogado Lyons España declaró en el proceso contra el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte. En el juicio, narró cómo fue todo el proceso para contactar a magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que suspendieran o archivaran los casos de aforados constitucionales implicados en varios delitos, así como la forma en cómo se realizó el pago de los millonarios sobornos.
Lyons explicó la forma en cómo Musa Besaile envió 2.000 millones de pesos al magistrado Gustavo Malo Fernández para que suspendiera la orden de captura que se iba a emitir en su contra por ‘parapolítica’. La declaración del abogado fue clave para sentenciar a 19 años de prisión a Ricaurte.
Sin embargo, poco después, Lyons se retractó y aseguró que la Fiscalía General lo había engañado para conseguir su colaboración, pero que nunca se concretó un beneficio judicial. Hecho por el cual manifestó que se le había vulnerado su debido proceso y el derecho a la defensa y pidió que se tumbara todo el proceso que el ente acusador tenía en su contra.
Sin embargo, su petición no fue avalada por el juez de conocimiento que consideró que no se había probado el engaño de la Fiscalía General. El abogado presentó una apelación al considerar que en efecto había sido utilizado para que declarara y luego había sido llamado a juicio por el delito de cohecho.
El Tribunal Superior de Bogotá tampoco encontró forma de comprobar el engaño del que hablaba Lyons y dejó en firme el escrito de acusación en su contra. En el análisis del caso se señaló que el profesional del Derecho nunca hizo un aporte claro o se comprometió a entregar más información sobre este caso.
Igualmente, pese a tener muchos meses, no se acercó a la Fiscalía General a concretar el tan mencionado principio de oportunidad, hecho por el cual no se puede hablar de una vulneración al debido proceso o el derecho a ejercer su defensa. La Sala advirtió que el abogado Lyons cuenta con varios recursos para reiniciar las negociaciones con la Fiscalía y alcanzar un principio de oportunidad.
La Fiscalía General vinculó en 2017 a Lyons por hacer parte de la estructura que envió sobornos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el fin de archivar y desviar procesos penales en contra de aforados. El cerebro de esta organización fue el abogado Luis Gustavo Moreno quien, aprovechando su cercanía con varios magistrados de la Sala Penal, organizó el pago y la desviación de los casos.