El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió medidas cautelares y ordenó la suspensión provisional del traslado de cerca de seis millones de pacientes a la Nueva EPS y a otras prestadoras del servicio de salud en todo el territorio nacional.
De esta forma, los traslados establecidos se frenaron provisionalmente y, mientras se toma una decisión de fondo, los alcances del Decreto 182 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social que modificó varias normativas del funcionamiento del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional.
La Sección Tercera del Tribunal de Antioquia tomará en los próximos días una decisión frente a la acción popular que reclamó la protección de los intereses colectivos a la moralidad administrativa, el patrimonio público, la salud, el acceso a servicios públicos y la infraestructura.
El accionante puso de presente que la Nueva EPS fue intervenida y hasta el momento no se conoce cuál es su capacidad de atención.
“No cumple las exigencias de capital mínimo ni patrimonio adecuado para operar como EPS, no reporta estados financieros completos y presenta barreras de acceso y aumento considerablemente progresivo de quejas y acciones de tutela por la falta de prestación de los servicios”, advierte.
Teniendo en cuenta esta situación, los cerca de 2.6 millones de usuarios que podrían ser trasladados por directriz del Gobierno a dicha EPS podrían verse gravemente afectados y su acceso a la salud estaría en constante inestabilidad.
“De llegarse a materializar el traslado de un elevado número de usuarios a una única EPS sin verificar su capacidad de atención (…) podría dar lugar al colapso de la entidad y resultados catastróficos que podrían significar, incluso, afectaciones generalizadas y potencialmente irreparables en la continuidad y oportunidad del servicio”, enfatiza.
El Tribunal acogió los argumentos y emitió la medida cautelar de urgencia al considerar que es necesario tomar una decisión en firme frente a las demandas contra este decreto que, sea dicho de paso, ha generado una avalancha de cuestionamientos.
“(…) Es de anotar que, si no se adopta la medida previa, el riesgo se consuma y, si se concede, se preserva provisionalmente el objeto del proceso, por lo cual resulta más gravoso negar la medida que concederla”, señala la decisión.
En el análisis jurídico se advirtió la necesidad de proteger los derechos colectivos y revisar a fondo la situación de la Nueva EPS en varias regiones del país con el fin de establecer si tienen o no la capacidad para atender tal cantidad de usuarios nuevos.