La nueva vía al mar en Antioquia, que conectará a Medellín con la región del Urabá y que tendrá el túnel más largo de América, vive otra polémica. SEMANA revela el nuevo capítulo que enfrenta al Gobierno Petro con las autoridades regionales y que podría retrasar su entrada en operación.
El proyecto contempla 37,7 kilómetros y se divide en dos tramos. El primero está a cargo de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín (18,2 kilómetros, incluidos los 9,7 kilómetros del túnel del Toyo, y ya está listo). El segundo era responsabilidad de la nación (19,5 kilómetros), pero la Casa de Nariño resolvió entregarles esa responsabilidad a las administraciones locales por petición de ellas, y continúa su construcción, con un avance del 72 por ciento.
El Gobierno no se desprendió de una de las responsabilidades más importantes: la instalación de los equipos electromecánicos a través del Invías. Aunque ya están comprados y permanecen guardados en bodegas, no se ha avanzado en esa tarea para que la obra entre en operación lo más rápido posible. Se trata de sistemas que integran componentes eléctricos y mecánicos a fin de garantizar la seguridad, ventilación, iluminación y funcionamiento del proyecto.
El retraso no solo les preocupa a las autoridades por la supuesta parálisis de la obra, sino también por el aparente incumplimiento de compromisos formales. En un acta suscrita el 7 de mayo de 2024 ante la Contraloría –firmada por la Gobernación de Antioquia, la dirección del Invías y la gerencia del proyecto– se estableció un cronograma claro: el tramo uno debía finalizar el 23 de diciembre de 2024. Tras esta fecha, según la planeación oficial, le correspondía al Invías instalar los equipos electromecánicos para habilitar la operación del túnel, pero no ha ocurrido.
“Ese plazo se superó sin que se haya iniciado la instalación. Esto constituye un evidente incumplimiento de la nación frente a lo pactado en la Contraloría”, le narró a SEMANA una de las fuentes enteradas del proceso.
Hay varios reclamos desde Antioquia. Uno de ellos tiene que ver con que el contrato de los sistemas electromecánicos fue adjudicado al consorcio Calma, responsable del suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y acompañamiento operativo de los túneles y sus accesos, cuyo valor asciende a cerca de 500.000 millones de pesos.
La interventoría está a cargo del consorcio Toyo 2021. Frente a esto, se reclamó: “La estructura contractual existe, los equipos están comprados y la supervisión está designada. Lo único pendiente es ejecutar, y el Gobierno Petro ha dicho que no asignará los recursos”.
El Invías le respondió a SEMANA que los equipos están disponibles y técnicamente listos para ser instalados una vez se cumpla el requisito indispensable de finalización y entrega de las obras civiles, garantizando así que el proceso se realice bajo condiciones de seguridad, calidad y responsabilidad técnica.
“Es importante precisar que la instalación de estos sistemas no depende de su disponibilidad, sino de la culminación de las obras civiles del túnel, que están a cargo de la Gobernación de Antioquia. Técnicamente, los equipos electromecánicos solo pueden instalarse una vez la infraestructura civil esté completamente terminada y formalmente entregada”, indicó la entidad.
Se constató que los equipos se encuentran almacenados en bodegas ubicadas en las ciudades de Bogotá y Medellín.