En un mundo definido por la incertidumbre y la disrupción tecnológica, la educación no puede seguir siendo vista como un simple trámite administrativo o un servicio más; es, en esencia, el eje de la productividad, el crecimiento económico y, sobre todo, la herramienta más poderosa para cerrar las brechas de desigualdad que nos fracturan como sociedad. Como profesora, economista y rectora de la Universidad de los Andes, entiendo que nuestra responsabilidad hoy no es solo formar profesionales, sino ciudadanos capaces de navegar un futuro que ya nos alcanzó, guiados por un imperativo moral que no admite más esperas.
La realidad del acceso y la herida de la deserción
Para hablar del futuro de Colombia, debemos mirar con honestidad nuestro presente. Hoy, de cada diez bachilleres que se gradúan en el país, solo cuatro acceden a la educación superior. Pero el desafío no termina en la puerta de entrada. Uno de cada tres estudiantes que inicia su formación deserta; en algunos programas, esta cifra escala dolorosamente hasta cinco o seis de cada diez.
¿Por qué perdemos a nuestros jóvenes en el camino? Si bien la respuesta es multicausal, debemos reconocer que existen barreras estructurales que ponen a prueba la persistencia de nuestros estudiantes. No se trata solo de la matrícula –un aspecto donde se ha avanzado gracias a políticas de gratuidad en el sector público–, sino del peso de la supervivencia diaria: el costo del transporte, los materiales y la alimentación. Muchos jóvenes deben trabajar para sostenerse, lo que, sumado a la fragilidad de sus redes de apoyo, puede desgastar su capital de esperanza. Cuando un estudiante de primera generación apuesta por la educación, deposita en ella el sueño de toda su familia; entender que su éxito depende de mitigar esas cargas económicas y académicas invisibles es el primer paso para que sus proyectos de vida no queden en suspenso. Por ello, la permanencia debe ser nuestra prioridad, apoyada en el uso de datos y modelos predictivos que nos permitan detectar riesgos a tiempo y actuar a través de consejerías personalizadas.
Medir lo que importa
Durante décadas, hemos caído en el error de medir la calidad educativa a través de insumos y procesos: cuántos doctores tenemos, cuántos edificios hemos construido o cuántas publicaciones indexadas producimos. Sin embargo, estos marcos regulatorios, diseñados muchas veces para realidades ajenas, no siempre capturan plenamente las realidades y necesidades del sur global. En Colombia, la calidad debe reflejar tanto la excelencia académica como la capacidad de transformar vidas.
Mi propuesta a los líderes y formuladores de política es radical pero necesaria: debemos cambiar lo que medimos. Una universidad de alta calidad debe demostrar tres cosas:
1. Transformación del aprendizaje: no se trata solamente de cuántos estudiantes pasaron, sino de qué son capaces de hacer, pensar y resolver al graduarse que no podían hacer antes, evaluado con evidencia real.
2. Retorno social: qué parte de nuestra investigación se traduce en soluciones concretas para el país y cómo nuestros graduados impactan sus comunidades.
3. Capacidad de adaptación: qué tan rápido puede la institución renovar su propio modelo ante un mundo que cambia a pasos acelerados.
En Los Andes, vemos los rankings como señales, pero nunca como nuestro norte. Nuestra brújula es el impacto social y la capacidad de entregar ciudadanos formados para pensar, no solo para trabajar.
Disrupción tecnológica y el desafío de las habilidades humanas
Colombia se clasifica hoy como una de las economías más disruptivas del mundo: se espera que el 44 por ciento de las habilidades de nuestros trabajadores cambien para el año 2030, una cifra superior al promedio global. Este cambio no viene solo de la inteligencia artificial (IA), sino de una transformación profunda en la estructura del empleo.
A diferencia del norte global, donde se debate sobre el desplazamiento de empleos de cuello blanco, en América Latina enfrentamos riesgos más silenciosos. Uno de ellos es la desaparición de los empleos de entrada –asistentes legales, analistas júnior–, que históricamente han sido la rampa de movilidad para los graduados de primera generación. Otro es el creciente control de los trabajadores de plataformas mediante algoritmos que asignan tareas, miden su desempeño y condicionan sus ingresos, muchas veces en contextos de alta precariedad y sin protección social.
Frente a esto, la universidad no puede ser solo una “máquina de entrega de habilidades” para el mercado. Debe ser un ecosistema de formación humana. Las habilidades que la IA no puede sustituir –pensamiento crítico, ética, empatía, liderazgo y creatividad– son precisamente las que hoy tienen más valor. Curiosamente, lo que instituciones como Los Andes han defendido desde su fundación, en 1948, bajo el modelo de artes liberales, es exactamente lo que el Foro Económico Mundial reclama hoy: ciudadanos capaces de razonar con matices y colaborar con la tecnología en lugar de ser reemplazados por ella.
La IA como oportunidad pedagógica
En cuanto a la IA, en nuestra universidad fuimos pioneros en establecer lineamientos, entendiendo que el reto no radica en la integridad académica ni en el control. Si una herramienta de IA puede completar fácilmente una evaluación, el desafío no está en la tecnología, sino en preguntarnos si estamos midiendo las capacidades que realmente queremos desarrollar.
Nuestra respuesta es triple: rediseñar la evaluación para enfocarnos en el proceso de pensamiento del estudiante, transformar la IA de una herramienta de atajo a un tutor crítico y reflexionar profundamente sobre lo que significa aprender desde el sur global. No podemos importar acríticamente herramientas entrenadas con datos del norte para resolver problemas de nuestro contexto; necesitamos una IA con propósito educativo que amplíe el pensamiento en lugar de atrofiarlo.
Flexibilidad: hacia una educación modular y apilable
El modelo exclusivamente lineal de educación superior –un bloque rígido de cinco años entre los 17 y los 22– resulta cada vez menos adecuado para responder a las necesidades de aprendizaje a lo largo de la vida. En un mundo incierto, la flexibilidad es la única respuesta posible. Debemos transitar hacia una educación modular y apilable donde el estudiante decida qué, cómo y cuándo aprender.
La modularidad permite que nadie se vaya “con las manos vacías”. Si un estudiante debe retirarse por razones económicas tras dos años, la universidad debe certificar las competencias adquiridas para que tengan valor en el mercado laboral y puedan ser reconocidas cuando decida regresar. Necesitamos múltiples entradas y múltiples salidas, reconociendo saberes previos y ofreciendo modalidades híbridas y asíncronas que se adapten a la vida real de los colombianos.
Un Pacto Nacional por la Educación
Mi sueño, y mi compromiso, es un Pacto Nacional por la Educación Superior. Un acuerdo donde las universidades, las familias, las empresas y el Gobierno –nacional y local– pongamos a los jóvenes en el centro. Este pacto debe garantizar no solo el acceso, sino también la calidad y el financiamiento necesario para cerrar las brechas de aprendizaje en matemáticas y lectoescritura que la pandemia exacerbó.
La transformación de la universidad no es una opción; es una responsabilidad con las nuevas generaciones que heredarán un mundo donde aprender a aprender será la habilidad más valiosa. Colombia no puede permitirse el lujo de la inacción. La educación es el camino más efectivo para cambiar la cara de la pobreza y la desigualdad. Es momento de actuar con la convicción de que cada aula, cada dato analizado para prevenir la deserción y cada reforma hacia la flexibilidad es un ladrillo en la construcción de esa nación justa y productiva que todos merecemos. El futuro de Colombia se escribe hoy y se escribe en nuestras instituciones educativas.