RECTIFICACIÓN: SEMANA da cumplimiento a la orden judicial del Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bogotá D.C. Sala Civil Especializada En Restitución De Tierras, y aclara que la participación de magistrados de la JEP en el Consejo de Seguridad de la ONU no fue un viaje secreto, sino una actividad pública.
De igual manera aclara que el desplazamiento se realizó en el marco de una invitación oficial de la Cancillería de Colombia. La comisión de servicios no implicó el ejercicio de funciones diplomáticas indebidas ni actividades de lobby, ni extralimitación de funciones y que la participación de la JEP en el escenario internacional no debe ser calificada como “derrota” o “éxito”, sino entendida dentro de su contexto institucional.
SEMANA reconstruye el viaje de los cuatro magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a Nueva York el pasado 17 de julio, con gastos pagados por el presupuesto nacional y autorizados por su actual presidente, Alejandro Ramelli Arteaga, que tenía por objetivo responder a la invitación del Consejo de Seguridad de la ONU a compartir avances de la JEP en materia de justicia transicional, dado el interés de los miembros de dicho Consejo en la implementación del Acuerdo de Paz, tal como se evidencia en la invitación enviada por el Gobierno nacional a través de la Cancillería.
En suma, buscaba intentar salvar el componente más simbólico del respaldo internacional: la verificación de la ONU de las sanciones propias de la JEP.
Este 18 de julio, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, estará en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York, para acompañar la presentación del informe del secretario general sobre la @MisionONUCol.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 15, 2025
El informe detalla avances y desafíos en la…
“Este 18 de julio, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, estará en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York, para acompañar la presentación del informe del secretario general sobre la Misión de la ONU en Colombia”, había posteado la JEP en X.
La comitiva —integrada por los magistrados Alejandro Ramelli, Julieta Lemaitre, Juan Ramón Martínez y Fabián Camilo Martínez (este último magistrado auxiliar del presidente Ramelli)— asistió a la sesión del Consejo de Seguridad sobre Colombia.
Este jueves, el Consejo de Seguridad —bajo presión directa de Estados Unidos— aprobó una resolución que excluye expresamente la verificación de las sanciones de la JEP del mandato de la Misión de la ONU en Colombia.
La visita
Según documentos oficiales proporcionados por la JEP a SEMANA, el viaje fue cubierto con recursos nacionales, autorizados directamente por la presidencia de la JEP. El gasto incluyó tiquetes internacionales, viáticos por varios días y desplazamientos internos, con una justificación: “Asistencia al Consejo de Seguridad de la ONU”.
El problema de fondo es que ninguna norma otorga funciones diplomáticas o de representación internacional a los magistrados de la JEP. Según la Ley 1957 de 2019 y el Acto Legislativo 01 de 2017, su labor es jurisdiccional, no política o diplomática.
Sin embargo, y aunque en ese tiempo la JEP no había proferido ninguna sentencia (a la fecha no hay una ejecutoriada) y los máximos responsables de las Farc-EP fueron mantenidos en sus curules, sus magistrados siguen asistiendo a foros internacionales en misiones pagadas por el Estado.
Sobre el problema de fondo, la JEP le informó a SEMANA que los funcionarios que viajaron lo hicieron en cumplimiento de una misión especial regulada en la Ley y en los reglamentos, y que se encuentra amparada por la invitación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para asistir en calidad de invitados a dicho encuentro.
En otra ocasión, septiembre, sobre otro de los cuestionamientos que le hizo este medio, la JEP había respondido que durante los casi diez meses —para ese momento— que Ramelli había ejercido como presidente de esta Jurisdicción, “únicamente había tramitado dos comisiones al exterior, las cuales han estado debidamente justificadas” y que se desarrollaron en ejercicio de sus funciones.
Incluso, detalló que había “rechazado distintas invitaciones provenientes de la República Democrática del Congo, Etiopía, España, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza, entre otros”.
Y sobre el hecho de que no hubiera ninguna sentencia, en una comunicación de septiembre, Alejandro Ramelli le había respondido a SEMANA:
“El suscrito no participa en la expedición de las sentencias que próximamente emitirán las secciones de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad -SeRVR- y de Ausencia de Reconocimiento -SAR-. Esto, debido a que no hago parte de la SeRVR y a que, adicionalmente, presenté un impedimento ante la SAR para conocer el caso que será objeto de sentencia, el cual fue debidamente aceptado por dicha Sección”.
Los viajes de la JEP
Esta no es la primera vez que los viajes de la JEP generan controversia. En 2024, otra polémica estalló cuando varios magistrados, incluyendo los que viajaron a Nueva York, participaron en un “encuentro pedagógico” en Palomino, La Guajira.
La JEP defendió entonces el evento como una comisión de servicios para realizar un encuentro con expertos internacionales y representantes de organizaciones indígenas que, en desarrollo de los acuerdos de consulta previa interjurisdiccional realizados en 2018, requerían un espacio de diálogo y concertación sobre asuntos de interés judicial de la JEP.
Ahora, el viaje a Nueva York reabre el debate sobre la pertinencia de los viajes de magistrados de un tribunal de justicia, más aún si el resultado fue el retiro de la verificación de sus propias sanciones.
La decisión de la ONU
La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad no menciona las sanciones de la JEP, ni mantiene el mandato de verificación anterior. Esto significa, en la práctica, que por primera vez la comunidad internacional ya no supervisará ni podrá legitimar el componente judicial de la implementación del Acuerdo de Paz.
Una fuente diplomática consultada por SEMANA en Nueva York fue directa:
“La ONU no puede legitimar un modelo de justicia que no sanciona. Después de siete años, la JEP sigue sin condenas y la justicia restaurativa es débil, pues no cuenta con presupuesto para financiar los trabajos comunitarios. El Consejo de Seguridad no puede esperar eternamente resultados que no llegan mientras las víctimas reclaman abiertamente su baja participación y sanciones de papel”.
¿Y ahora qué?
El resultado del viaje golpea directamente la narrativa del Gobierno Petro sobre la paz total como modelo internacional. El retiro de verificación de la ONU compromete la legitimidad del sistema de justicia transicional ante el mundo, y deja al país sin el principal respaldo multilateral con el que contaba.
Mientras tanto, los magistrados que viajaron regresaron con el resultado contrario al que buscaban, pues se desconoció la legitimidad internacional de las sanciones restaurativas de la JEP, con lo cual las víctimas quedarán sin un observador imparcial e internacional que vigile el cumplimiento real de las sanciones.
Esta es la Resolución 2798 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU:
Este es el comunicado del 6 de noviembre de 2025 del Equipo de País de Naciones Unidas en Colombia: