Por “improcedente” la jueza sexta de ejecución de penas y medidas de seguridad de Cúcuta (Norte de Santander) negó la tutela presentada contra la expedición del decreto 1469 de 2024 que fijó el aumento del salario mínimo para el año 2026.
En la tutela, presentada por un ciudadano, se alegaba la vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, la vida digna y la igualdad material, ya que el decreto presidencial generaba un “aumento desproporcionado que ocasiona la inflación adicional y erosiona su poder de compra sin contemplación alguna, ya que percibe ingresos fijos no indexados”.
En este sentido indicaba que el Gobierno no justificó de manera técnica ni jurídica los factores que tuvo en cuenta a la hora de aumentar el 23 por ciento del salario mínimo, incumpliendo los parámetros de la Ley 278 de 1996.
El nuevo salario mínimo generó un “perjuicio irremediable” puesto que comprometió su “capacidad para satisfacer necesidades básicas de subsistencia”, por lo que pidió que se suspendieran los efectos de dicho decreto y se le ordenara al Gobierno “implementar un subsidio compensatorio mensual” mientras se tomara una decisión de fondo.
Para el despacho judicial, la jurisprudencia es clara cuando indica que este tipo de discusiones son competencia de la justicia administrativa y contenciosa, hecho por el cual la tutela no es el mecanismo ni idóneo para zanjar el debate propuesto.
“Su control no corresponde al juez constitucional, sino al juez natural de la legalidad, esto es, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, regla que tiene como finalidad impedir que la acción de tutela se utilice como un mecanismo de control abstracto de legalidad o constitucionalidad, ya que tal función por mandato constitucional fue asignada de manera expresa a otros jueces y a procedimientos específicos”, aseveró.
Citando una sentencia de la Corte Constitucional el juzgado indicó que los actos administrativos tienen una jurisprudencia clara y definida que resuelve este tipo de conflictos.
“Se concluye que por expresa disposición legal la acción de tutela es improcedente frente a actos administrativos, y por este motivo, en el asunto no se satisface el requisito de subsidiariedad propio de la acción, en la medida en que el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para hacer valer sus derechos, para lo cual deberá agotar el trámite correspondiente”, concluye la decisión.
En las últimas horas, un juez de ejecución de penas rechazó la solicitud elevada por el expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, quien mediante una tutela pidió que se suspendieran los efectos de decreto.
