Este jueves, la Sala Especial de Instrucción decidió mantener la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el exsenador Arturo Char Chaljub en el proceso que se le adelanta por presunta compra de votos para su campaña al Congreso en 2018.
Tras revisar una petición presentada por la defensa del excongresista de Cambio Radical, la Sala determinó –con ponencia del magistrado Francisco Farfán– que por el momento se cumplen los principios de peligro para la sociedad y para el proceso, hecho por el cual debe seguir en la cárcel La Picota.
La defensa de Char, liderada por los penalistas Darío Bazzani y José Luis Barceló, habían solicitado que se modificara la medida de aseguramiento por una detención domiciliaria. Los argumentos no fueron de buen recibo para el alto tribunal que reseñó que se debe garantizar la comparecencia del exsenador a las diligencias, evitar su evasión y garantizar el desarrollo del proceso, evitando la posible alteración o manipulación de pruebas.
Char se encuentra privado de su libertad desde el pasado 7 de septiembre, fecha en la cual regresó a Colombia después que la Corte Suprema de Justicia expidiera una orden de captura en su contra en el proceso por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.
El proceso contra Arturo Char
En un documento de 219 páginas, conocido en exclusiva por SEMANA, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reseñó el arsenal de pruebas documentales y testimoniales que recolectaron durante cuatro años en contra del expresidente del Senado Arturo Char, miembro de una de las familias políticas y económicas más importantes del país.
En el auto, que resolvió la compleja situación jurídica de Char, el alto tribunal consideró que existen pruebas documentales y testimoniales para inferir que el exsenador participó en un plan de compra de votos para las elecciones de marzo de 2018. Con esta estrategia también se buscaba favorecer a Aida Merlano.
Según el documento, en diciembre de 2017, Arturo Char fue a la Casa Blanca, sede de campaña de Aida Merlano, en Barranquilla, para “concretar el acuerdo delictivo que se canalizaría en procura de ejecutar las conductas punibles de corrupción electoral”. Una decena de testimonios y una grabación tomada por una de las cámaras de seguridad permitieron vincular al exsenador en “la estructura delictiva dedicada a la compra de votos”.
Pese a que Char, por medio de su defensa, reconoció la visita alegando que el objetivo era “finiquitar un asunto relativo a la Mesa Directiva de la Asamblea del departamento del Atlántico”, testigos aseguran que en los encuentros que se llevaron en la sede política ejerció presiones y dio instrucciones para el plan de compra de votos, que ya estaba en marcha.
“El referido acuerdo se tradujo en la organización y logística para la compra de 10.000 votos a favor de Arturo Char”, señaló la Corte en el documento, con el que se resolvió la detención “intramural” mientras se decide si es llamado a juicio por concierto para delinquir y manipulación de elementos materiales probatorios.
En esta ecuación corrupta –según las pruebas– también habría participado Adalberto Llinás Delgado, amigo de Arturo Char y hermano de Lilibeth Llinás, a quien el menor del clan Char había impuesto como candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico.
Para ratificar el modo, tiempo y lugar de estos encuentros, la Corte citó la declaración de Rafael Antonio Rocha, quien fue el gerente de la campaña de Aida Merlano y aportó evidencia de las reuniones. “Está probada la existencia de las acciones coordinadas para el acceso fraudulento a votos, en orden a lograr la elección de Aida Merlano Rebolledo y Lilibeth Llinás Delgado al Congreso, y la reelección de Arturo Char”.
La relación entre Merlano y la denominada casa Char tenía como factor especial la relación sentimental de la representante a la Cámara con el entonces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien le había manifestado su apoyo para que diera el salto al Senado en 2018.
Como lo relata la Corte, estaba proyectado para lograr “una especie de gana-gana (...) Se promocionaba políticamente a la amiga de Arturo Char, Lilibeth Llinás, y se respaldaba al mismo tiempo a la persona que mantenía una relación sentimental íntima con el alcalde de Barranquilla de la época”.
El convenio criminal, como catalogó la Sala de Instrucción de la Corte al complejo y sofisticado plan, tenía como objetivo principal fortalecer el “liderazgo y hegemonía política” del denominado clan Char en el Congreso y “tener un incremento de aliados en el Legislativo, como parte de la plataforma política que impulsaría la aspiración de su candidato a la Presidencia de la República, Germán Vargas Lleras, y, en un futuro, la de Alejandro Char”.