Los casos de violencia contra la mujer en el Atlántico y otras regiones de Colombia no se detienen. De acuerdo con cifras de Medicina Legal, en el departamento del Atlántico se han registrado 77 casos en lo que va de 2026, lo que convierte a esta zona del Caribe en el cuarto departamento del país con más casos.

Valle del Cauca va de primero con 162 casos, Antioquia con 110; le sigue Cundinamarca con 99 y Atlántico con 77. Si los casos se revisan desde ciudades capitales, Cali tiene 76 casos, Bogotá 66, Barranquilla 34 y Medellín 21 hechos de violencia contra la mujer.
Una de las últimas muertes es la de Gellis Julieth Rambao Martínez, de 34 años de edad, la cajera de un supermercado que murió tras ser baleada en su lugar de trabajo en el barrio Rebolo, suroriente de Barranquilla.
En esta misma localidad de la capital del Atlántico, fue asesinada la mañana del domingo 15 de noviembre una mujer que respondía en vida al nombre de Omaira Luz Castrillón Redondo, de 58 años de edad, cuando se encontraba realizando labores del hogar y sicarios le dispararon.

En medio de esta grave situación, la concejal de Barranquilla, Heidy Barrera, en conversación con SEMANA, prendió las alarmas asegurando que “no hay fiscales para los casos”.
“Precisamente ahí es donde viene el problema. No hay suficientes fiscales en Barranquilla ni en el Atlántico para investigar estos casos. Pareciera que los casos de mujeres quedan archivados y por eso vemos que las condenas en materia de feminicidio llegan extremadamente tarde. No hay suficientes fiscales que puedan apersonarse de cada investigación”, sostuvo.
Barrera solicitó que el presidente Abelardo de la Espriella intervenga directamente en la discusión y se adopten medidas nacionales para enfrentar la violencia contra las mujeres.
“Yo creo que llegó el momento de tomar acciones nacionales frente a lo que está ocurriendo en el Atlántico, porque a las mujeres de aquí nos están matando”, concluyó.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo se pronunció y le pidió a las autoridades trabajar por la prevención de estos casos, que siguen en aumento.
“La persistencia de estos hechos, sumada a las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, evidencia un agravamiento del panorama de violencia que amenaza sus derechos a la vida, la libertad y la integridad personal, y exige una respuesta inmediata y efectiva del Estado”, señaló la Defensoría.
Asimismo, precisó: “Prevenir, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres es una obligación constitucional de las autoridades. Su cumplimiento exige acciones integrales y coordinadas que garanticen la protección de las víctimas, el acceso a la justicia y la sanción efectiva de los responsables”.

Desde la Defensoría del Pueblo insistieron en que van a seguir muy de cerca los casos que se vienen presentando de violencia contra la mujer en esta zona del Caribe colombiano.
“Continuaremos haciendo seguimiento a esta grave situación mediante el acompañamiento de nuestros equipos regionales a las familias de las víctimas y la verificación de la respuesta de las autoridades competentes. Cada mujer asesinada representa un fracaso colectivo en materia de prevención. Garantizar que las mujeres y las niñas del Atlántico puedan vivir libres de violencias es una obligación ineludible del Estado”, indicaron.
