NACIÓN
El déficit de inversión en la salud del Atlántico por cuenta del chance ilegal
Debido a los juegos ilegales, el departamento ha dejado de recibir más de 35 mil millones de pesos que debieran invertirse en la salud de los ciudadanos.
Encuentra aquí lo último en Semana
La problemática de chance ilegal en el departamento del Atlántico se ha convertido en una lucha constante para las autoridades departamentales y de Policía en trabajo articulado con la empresa de Juegos de Suerte y Azar.
Los negocios de juegos ilegales, han dificultado el recaudó de impuestos en el departamento, a tal punto que se ha dejado de recibir más de 35 mil millones de pesos, que según las autoridades, debieran invertirse en la salud de los atlanticenses.
Por lo anterior, las autoridades han intensificado los controles y los operativos para contrarrestar y erradicar la actividad ilegal.
“La gobernación del Atlántico, a través de Edusuerte con la Secretaría de Interior y en colaboración con la Policía Nacional, mantiene la lucha contra el chance ilegal en el departamento”, indicaron desde la gobernación del Atlántico.
Recientemente, fue realizado un comité, en el que presentaron los resultados de los operativos y seguimiento contra este delito.
“Seguimos trabajando en la lucha contra el juego ilegal y recomendándole a la comunidad que juegue legal. Se hizo seguimiento a los casos pendientes y el informe de la Policía Departamental y Metropolitana de Barranquilla”, indicó el gerente de Edusuerte, Pedro Fayad.
El funcionario recomendó a los atlanticenses evitar comprar rifas no autorizadas. “En la boleta debe decir quién lo autoriza. Tampoco compren bingos que están proliferando en los municipios, porque no son legales”, afirmó.
Fayad informó que, debido a las apuestas ilegales, han dejado de entrar más de 35 mil millones de pesos a las inversiones en materia de salud en el departamento.
Con los juegos ilegales, también se ven afectadas las concesionarias constituidas, como lo es Supergiros.
“La invitación es que no se compliquen. Es delito vender un juego ilegal, así como también comprarlo”, aseguró Fayad.
El comandante operativo del departamento de Policía Atlántico, coronel Edwin Álvarez, anunció que los operativos continuarán.
“Socializamos los resultados en la lucha contra el chance ilegal. Llevamos 38 capturas en lo que va del año en el departamento. Se están incautando elementos tecnológicos”, manifestó.
Operativos contra este delito
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre seis bienes que habrían sido adquiridos con dineros producto de la venta ilegal de chance, juegos de suerte y azar.
De acuerdo con la Fiscalía, fueron ocupados cuatro establecimientos de comercio, 1 inmueble urbano y 1 automotor, en diligencias realizadas por la Fiscalía y la Sijin de la Policía Nacional en Manizales (Caldas).
Asegura el ente investigador que estos activos pertenecerían a una red delictiva conocida como ‘Regalías’ y, al parecer, fueron usados para promover su actividad ilegal.
#ATENCIÓN | Fiscalía impone medidas cautelares con fines de extinción de dominio a bienes que habrían sido adquiridos con dineros producto de la venta ilegal de chance. Los bienes fueron ocupados en diligencias realizadas en #Caldas. pic.twitter.com/01AKXGsYjo
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 6, 2022
“Varias de las propiedades estarían a nombre de Pedro Antonio Tabares Loaiza y su excompañera sentimental, Tatiana Franco Díaz, quienes serían los encargados de coordinar todo lo relacionado con la comercialización ilícita de chance en Caldas y Bolívar. Las investigaciones indican que la organización delincuencial defraudó al Estado, y afectó la seguridad pública y la Empresa Departamental para la Salud de Caldas (EDSA) en más de 3.500 millones de pesos”, indicó la Fiscalía.
Por estos hechos, Tabares Loaiza y Franco Díaz fueron condenados a más de 42 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Además, les fue impuesta una multa de 275 salarios mínimos legales mensuales vigentes.