La violencia política volvió a tener su lugar en el departamento del Atlántico. En el suroccidente de Barranquilla y en el municipio de Soledad, este ‘enano’ ha ido creciendo de una manera exponencial. SEMANA conoció que hay incidencia de organizaciones criminales en el tema electoral, aunque para muchos se trate de una simple estrategia de algunas campañas políticas.
Un equipo periodístico de esta revista estuvo en el corazón del suroccidente de la capital del Atlántico, donde la gente no se atreve a hablar porque piensan que pueden ser de las mismas organizaciones ilegales, quienes mandan a preguntar para determinar quién está colaborando con las autoridades. La orden es una: no tener publicidad de ningún político y tampoco reuniones de esa índole en la zona.
En sectores como La Pradera, Los Olivos, Ciudad Modesto, Me Quejo, Las Malvinas, El Por Fin, La Esmeralda, 7 de Abril y El Bosque no es posible ver un afiche de algún candidato y las casas que lo tengan habrían negociado con estas bandas, aunque muchos de ellos lo niegan por el temor a las autoridades.
“Todo empezó por medio de las redes sociales, donde se conoció primero un audio en el que aseguraban que ninguna persona podía tener en las afueras de sus casas publicidad de ningún político”, relató a SEMANA un habitante del barrio La Manga que estaba en una esquina, pero que prefirió no decir su nombre.
Nadie creyó que todo esto fuera en serio, pero hoy es la realidad que los acompaña: “Con el pasar de los días aparecieron unos hombres en unas motos armados diciendo que no querían ver ningún cartel de los políticos. En ese momento, todo el mundo empezó a despegar los carteles y a pintar las casas, porque la situación de seguridad en Barranquilla no es la mejor”.
No solo fueron las amenazas. Hubo condiciones para dicha publicidad política en las casas. “Pedían dos millones de pesos para las casas que tenían publicidad de algún político. Lo que uno menos quiere en este momento es que le den un disparo y mucho menos con este tema de la política”, dijo el hombre.
Las comunidades del barrio La Manga insisten en que nunca habían visto este panorama en una época electoral. “Yo tengo 60 años de residir en este barrio y nunca se había visto que la gente de las bandas se metiera en cuestiones políticas. Uno no sabe ya qué es lo que está pasando, porque quizá eso pasa en los pueblos, pero nunca había pasado en las ciudades como tal”.
El barrio La Esmeralda también vive un panorama bastante complejo, pues allá hubo hasta acciones intimidatorias como disparos, de acuerdo con un residente del sector. “Cerca de la diagonal 74C con 14, un señor de un parqueadero no quiso quitar un cartel que tenía en la pared y en la noche llegaron unos muchachos en una moto y le hicieron unos disparos. Al día siguiente fue donde accedió a quitar los avisos y pendones”, contó.
Los habitantes del suroccidente de Barranquilla precisaron que las autoridades no fueron indiferentes porque intensificaron los controles de la Policía e incluso llegó el Gaula. “La Policía llegó con unos volantes diciendo que si sabían quiénes eran los que estaban pintando eso y amenazando, pero nadie dijo nada y yo mucho menos, porque a la final esa información se termina filtrando y uno es el que termina metido en problemas”, agregó.
Al tiempo, señalan que este tipo de amenazas ocurren en esta época electoral, pero que el resto del año tienen que convivir con las extorsiones a los negocios que ya han cobrado vidas.
“Esto de la política es nuevo y se suma a las extorsiones que nos llevan jodidos, porque uno no puede vender ni comercializar nada porque enseguida vienen exigiendo sus extorsiones y si uno no paga, lo matan”, sostuvo.
En medio de esta situación, el que salió al paso fue el exconcejal de Barranquilla y aspirante a la Cámara de Representantes por el Atlántico, Estefanel Gutiérrez, quien rechazó estas intimidaciones: “Estas intimidaciones no provendrían de bandas criminales, sino de sectores políticos. Son políticos que andan inventando una cantidad de noticias. Claro, cuando no pueden debatir, inventan”.
Un reconocido político y actual concejal de Soledad le contó a SEMANA la grave situación que hoy vive el municipio, aun con apoyo en materia de seguridad por parte de la Alcaldía y de la misma Policía.
“Soledad está complicada porque, para uno poder entrar a conseguir votos a ciertos barrios, los líderes que uno tiene en Villa Sol, Villa del Rey, entre otros, son amenazados por hombres armados que son los que mandan en esas zonas”, relató.
Y es que, aunque los candidatos que pretenden llegar tienen seguridad, las comunidades y líderes son los que terminan en la mira de las bandas criminales o, muchas veces, los denominados combos que mandan en los barrios marginales.
“Uno puede entrar con seguridad, pero entonces amenazan a la gente para que no vaya a los eventos y, a la final, es la gente la que vive en los barrios y son los que quedan expuestos con los criminales”, explicó.
El político indicó que hay territorios y sectores que están vedados para hacer política en el municipio de Soledad, pero que nadie dice nada por temor.
“Hay barrios como el 12 de Octubre donde no dejan que entren los políticos porque les dan bala o extorsionan a la gente que presta las casas para esas reuniones. Es una realidad que uno denuncia, porque al final la gente no apoya a ningún candidato, sino que obedece lo que impongan las bandas criminales”, sostuvo.
Es tan complicado que las bandas criminales han llegado a ofrecer lo que denominan “servicios electorales”: “En una de las ofertas que me llegaron, me dijeron que si yo pagaba, ellos podían garantizar el voto, es decir, estar pendientes de que la gente que se comprometió a votar por mi candidato lo hiciera”.
Insistió en que “todo lo que hoy ocurre en Soledad y en el Atlántico desborda la capacidad de las autoridades locales y departamentales, pero como el Gobierno nacional nos tiene en el olvido, estamos bien fregados”.
La época electoral pinta estar complicada no solo en el Atlántico, sino en otras regiones del territorio nacional colombiano, donde reina el miedo. “Todo se ha vuelto muy inseguro; entonces uno siempre trata de solo estar en los sectores que sean seguros y donde las autoridades de verdad puedan garantizar la seguridad”.
Esta revista pudo establecer que un predio del diputado del Atlántico, Sergio Barraza, fue incinerado, al parecer, por bandas criminales que pretenden intimidarlo en medio de la candidatura que hoy está lanzando este político con apoyo de la casa Torres Villalba. Aunque este medio intentó una entrevista, la misma no fue posible hasta la publicación de este informe.
Por medio de las redes sociales, se conoció un panfleto donde bandas criminales amenazaban a las personas que colocaran publicidad política en sus viviendas situadas en Baranoa, Atlántico, por lo que las autoridades activaron todos los protocolos.
“Es de anotar que, hasta el momento, el departamento de Policía Atlántico, no ha recibido ninguna denuncia o información sobre amenazas directas contra candidatos o líderes políticos en la jurisdicción. No obstante, se mantienen labores permanentes de inteligencia, investigación y patrullaje para identificar a los responsables y prevenir cualquier hecho que pueda afectar el orden público”, explicaron desde la Policía.
Tras este complejo panorama, desde la Gobernación del Atlántico han llevado a cabo varias reuniones de seguimiento electoral donde las diferentes autoridades han expuesto lo que ocurre y han tomado algunas medidas necesarias con el fin de poder evitar cualquier situación que lamentar.
Entretanto, desde la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la misma Policía Nacional, se encuentran realizando las pesquisas necesarias para determinar quiénes son los responsables de estas intimidaciones a las comunidades.
En Santa Marta, Magdalena, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra también infundieron miedo en el barrio Villa Betel en el sur de la ciudad, donde quitaron la publicidad de candidatos políticos sin importar si eran de derecha o de izquierda.
El líder social Luis Miguel Moisés dijo en Blu Radio que la situación es sumamente grave y que es necesario que las autoridades analicen y revisen este tipo de conductas que afectan la democracia.
“Pasaron por el barrio y ordenaron quitar la publicidad sin importar que el político sea de izquierda o de derecha, aludiendo que ninguno les ha pagado para poder hacer política en su barrio. La gente, como en muchos barrios de la ciudad, paga $2.000 por cada casa, $15.000 por motocarro y hasta $20.000 por tiendas; esto es un desastre”, relató.
La situación en el Caribe colombiano es muy compleja en temas de orden público en medio de estas elecciones que se aproximan.