La guerra con drones ya no es una amenaza lejana para Colombia. Es una realidad que está golpeando con vigor a la fuerza pública y que deja al descubierto una preocupante brecha tecnológica entre el Estado y los grupos armados ilegales. Mientras que el Gobierno intenta implementar sistemas para derribar drones cargados con explosivos, las estructuras criminales perfeccionaron métodos que, según expertos y fuentes militares, resultan mucho más difíciles de neutralizar.
La violencia en Colombia atraviesa uno de sus momentos más complejos por los ataques despiadados de grupos ilegales contra la fuerza pública y la población civil. La tecnología se ha convertido en un elemento determinante en esta guerra por el control de las economías ilícitas. Fuentes de inteligencia militar le dijeron a SEMANA que, aun cuando algunas unidades cuentan con sistemas antidrones, estos resultan insuficientes y, además, existirían fallas en la estrategia para enfrentar esta nueva amenaza.
“Lo que pasó en el cantón militar San Jorge, en Saravena, Arauca, donde una capitana de la Fuerza Aeroespacial terminó herida junto con otro oficial, demuestra que no hay una estrategia clara. Lo digo porque esta unidad tenía un sistema antidrones y sabían que no era suficiente, y, de igual manera, se nos presentó esa novedad, que se pudo haber evitado o frente a la cual se habría podido reaccionar de mejor forma”, dijo un oficial bajo condición de anonimato a SEMANA.
El uniformado, que desde hace varios años les sigue el rastro a los grupos armados ilegales, reconoce que el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo llevan una ventaja tecnológica significativa frente a las Fuerzas Militares. Esa superioridad se refleja en más de 422 ataques con drones cargados de explosivos registrados en todo el territorio nacional.
Mientras los ataques con esta modalidad van en aumento, muchos soldados profesionales aseguran sentirse expuestos durante las operaciones militares. La amenaza llega desde el aire y, en muchos casos, sin posibilidad real de reacción.
“Antes uno sabía que se iba de frente con el enemigo con granadas o en combates. Ahora uno siente primero el zumbido del dron y después la explosión que nos afecta a todos en la tropa. Ese es el miedo con el que uno carga, porque en casa tenemos hijos, esposas y nuestros papás. Es una desventaja muy dura la que tenemos, pero seguimos en la lucha de defender a nuestro país”, le contó un soldado raso a esta revista. El uniformado, que lleva una década dentro del Ejército Nacional de Colombia, aseguró que el entrenamiento frente a este tipo de amenazas sigue siendo limitado. Según explicó, las tropas no cuentan con protocolos claros ni capacitación suficiente para responder los ataques con drones cargados de explosivos.
De acuerdo con cifras de agencias de inteligencia del Estado, desde abril de 2024 se han registrado más de 328 personas afectadas –entre muertos y heridos– por ataques con drones explosivos. Entre las víctimas hay civiles, policías y militares.
“Yo lo hablo desde mi experiencia y es que en la práctica es poco lo que uno sabe hacer si hay un dron: solo dispara o espera hasta que ocurre la explosión. Creo que es una guerra que va cambiando y a uno lo deben capacitar mejor, porque nosotros somos los que nos exponemos al enemigo”, agregó el soldado.
En medio de esta crisis, de la que poco se habla públicamente, el Ministerio de Defensa informó que adelanta estudios y pruebas para definir cuál sería el sistema antidrones más moderno que podría adquirir el país. Sin embargo, el proceso avanza lentamente.
“Tras su socialización el pasado 16 de enero, cuando se anunció el interés de adquirir estas capacidades estratégicas para la seguridad nacional, Colombia ha visitado ocho países (Catar, Turquía, República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Reino Unido) con el fin de conocer diferentes capacidades de defensa, como vehículos blindados, helicópteros, aviones, municiones, armamento, drones y, por supuesto, antidrones”, explicaron desde el ministerio.
El objetivo del ministro Pedro Sánchez es avanzar en la creación de un escudo nacional antidrones. Sin embargo, todavía no existen fechas claras para su implementación ni garantías de que estas medidas logren neutralizar completamente.
Para el mayor retirado Camilo Mendoza, quien perteneció a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y es autor del libro Amenaza dron, la fuerza pública sufrió un estancamiento en la modernización de sus capacidades frente a este tipo de guerra tecnológica.
“En su momento fuimos líderes en Suramérica en defensa antidrón, entendiendo esto como defensa antiaérea de baja altura”, aseguró. Sin embargo, con el paso del tiempo, las Fuerzas Militares se quedaron rezagadas y los grupos ilegales terminaron superándolas en el uso de drones.
Según explicó Mendoza, los sistemas adquiridos por Colombia pertenecen a una categoría conocida como soft kill, que básicamente bloquea la comunicación entre el dron y la persona que lo opera. “Cada punto para defender es diferente en Colombia. El sistema que se necesita para una base militar en el Cauca no será el mismo que se requiere para Bogotá o para una instalación naval en Cartagena. No se trata de comprar el mejor sistema del mundo, sino de hacer estudios técnicos y desarrollar estrategias adaptadas a cada lugar”, explicó.
El problema es aún más complejo. De acuerdo con el experto, algunos grupos ilegales están utilizando drones que funcionan mediante fibra óptica, lo que dificulta enormemente su detección o interferencia. “Esos drones no necesitan satélites ni comunicación por radiofrecuencia. Simplemente, van ejecutando las instrucciones que el piloto les envía a través de un filamento de fibra óptica. Por lo tanto, ninguno de los sistemas que existen en Colombia va a ser efectivo frente a esa amenaza”, advirtió Mendoza.
Por su parte, el analista en defensa Erich Saumeth explicó que los grupos armados ilegales están replicando tácticas utilizadas en conflictos internacionales para adaptarlas a la guerra en Colombia.
“Era cuestión de tiempo que se comenzara a imitar lo que estaba pasando en Ucrania, entre otras cosas porque hay una gran cantidad de videos instructivos en internet que enseñan cómo modificar un dron para convertirlo en un arma”, afirmó. Según Saumeth, los ilegales aprendieron a adaptar drones comerciales gracias a tutoriales disponibles en internet y a la experiencia acumulada en conflictos armados internacionales.
“Estos drones comerciales son muy ligeros de peso; por lo tanto, su capacidad de carga es limitada. A través del uso y la experimentación, los ucranianos, y luego los rusos, que comenzaron a imitarlos, empezaron a usar cargas explosivas estandarizadas de entre 200 y 300 gramos por granada. Podían cargar una o dos granadas, que era la capacidad máxima para que el dron pudiera volar y lanzarlas. Al principio, no eran muy precisos ni causaban grandes daños, pero ya estaba demostrado que podían utilizarse como armas”, indicó.
El experto recordó que en Colombia los grupos armados tienen amplia experiencia en la fabricación de explosivos artesanales, lo que facilita la adaptación de estos dispositivos.
Lo único claro en este nuevo escenario de guerra es que, mientras que soldados y policías se enfrentan a una amenaza que llega desde el aire y muchas veces sin posibilidad de reacción, el Gobierno intenta contener una tecnología que los ilegales han aprendido a usar con mayor rapidez.