La guerra en Colombia está cambiando de forma y de rostro. Ya no siempre llega con largas columnas armadas ni con bombardeos masivos o grandes ofensivas militares. Ahora aparece desde el cielo en aparatos pequeños, casi imperceptibles, que sobrevuelan durante minutos sobre bases militares, puestos de Policía o viviendas campesinas, y luego dejan caer explosivos con una precisión mortal.
Es la nueva arma de los grupos armados ilegales: drones cargados con granadas que están transformando el conflicto y dejando un rastro creciente de víctimas en distintas regiones del país.
Lo que antes parecía un recurso improvisado de las organizaciones criminales hoy se ha convertido en una estrategia sistemática de guerra. Así lo revela un informe reservado de una de las agencias de inteligencia del Estado colombiano conocido por SEMANA.
Expone la magnitud de esta amenaza y el ritmo con el que se están multiplicando los ataques, atribuidos a grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Según ese documento, desde el primer ataque registrado con drones cargados con explosivos, ocurrido el 26 de abril de 2024 en Argelia, Cauca, los grupos ilegales han ejecutado 422 ataques con aeronaves no tripuladas.
En esas acciones han lanzado cerca de 935 granadas contra instalaciones de la fuerza pública y, en varios casos, también contra zonas donde habita la población civil. La cifra revela una escalada que ya no distingue objetivos y convirtió estos dispositivos en una de las herramientas más peligrosas de la guerra actual.
El informe advierte, además, que la frecuencia de estos ataques es alarmante. En promedio, se registra uno cada día y cuatro horas en diferentes zonas del país. El saldo humano también refleja la gravedad de la situación: más de 328 personas afectadas entre muertos y heridos, incluyendo civiles, policías y militares, que han quedado atrapados en medio de esta nueva modalidad de violencia.
Detrás de esas cifras hay historias que revelan el impacto real de esta guerra silenciosa. Historias de familias que reciben la noticia de una muerte inesperada o de comunidades que ven caer explosivos desde el cielo sin tener forma de protegerse. Relatos que recuerdan que el conflicto armado no es una discusión abstracta ni una percepción política, sino una realidad que golpea con fuerza a territorios donde la presencia del Estado sigue siendo precaria.
Uno de esos episodios ocurrió en agosto de 2025 en zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia. Allí, un grupo armado atacó con un dron cargado de explosivos a un helicóptero de la Policía Nacional en medio de un operativo. La acción terminó en tragedia: 13 uniformados murieron durante el ataque, que, además, estuvo acompañado de hostigamientos armados.
Entre los fallecidos estaba el patrullero José Daniel Valera Narváez, un joven de apenas 24 años, oriundo de Barranquilla, Atlántico. Había ingresado a la institución con entusiasmo y soñaba con hacer carrera dentro de la Policía. Hoy su familia enfrenta un duelo que, según dice, ninguna explicación oficial ha logrado aliviar.
En conversación con SEMANA, Henry Valera, su padre, relató el dolor que ha enfrentado tras la muerte de su hijo, en un ataque que, según afirma, expone la gravedad de la situación de seguridad en el país.
“El helicóptero donde iba mi hijo fue impactado por un dron y me lo desbarató. Estoy pidiendo justicia porque me duele mucho. Él era mi sustento, mi compañía. Todos los meses estaba pendiente de mí. Le arrebataron la vida a mi pelaíto; tenía apenas 24 años”, dijo entre lágrimas.
Según contó, las primeras noticias sobre el ataque no llegaron a través de canales oficiales, sino por medio de las redes sociales y mensajes que comenzaron a circular entre conocidos y familiares. “Cuando regresé de trabajar, encontré gente llorando en la casa. Pregunté que qué estaba pasando y mi hijo mayor me dijo: ‘Papi, siéntese’. Yo insistí: ‘¿Qué pasa, mijo?’.
Entonces, me contó que al helicóptero donde iba José lo había tumbado un dron. Al comienzo no sabíamos si estaba herido o muerto. Después empezaron a llegar fotos y mensajes por WhatsApp diciendo que había fallecido. Más tarde, en la noche, llegó una patrulla a confirmarlo”.
El patrullero Valera Narváez era un apasionado seguidor del Junior de Barranquilla, pero también tenía una fuerte vocación por la institución a la que pertenecía. Había realizado el curso de antinarcóticos y participaba constantemente en operaciones en zonas de alto riesgo.
“Un día me dijo: ‘Soy juniorista de corazón, pero mi vida es la Policía’. Todos los días lo transportaban en helicóptero para esas operaciones”, contó su padre. A pesar de su compromiso con la institución, el joven también soñaba con poder acercarse más a su familia. Había solicitado un traslado, pero el trámite nunca se concretó.
“Él me decía: ‘Papi, ya metí el traslado, pero eso se demora mucho’. Incluso unos patrulleros vinieron a la casa y nos tomaron fotos a mí y a su abuela, que tiene 83 años, para el proceso. Pero el traslado nunca salió”, relató.
Los ataques con drones no solo han golpeado a la fuerza pública. También han dejado víctimas entre la población civil, muchas veces en zonas rurales donde los habitantes no tienen ningún tipo de protección frente a estos dispositivos.
En Segovia, Antioquia, un ataque con explosivos lanzados desde un dron destruyó por completo la vivienda de una familia campesina. La explosión fue devastadora: una madre y dos de sus hijos murieron tras el impacto. La familia vivía de los cultivos de pancoger y su casa estaba construida en madera y tablas.
Laura Tapias, allegada a las víctimas, relató a varios medios nacionales que la familia se dedicaba al cultivo de plátano, yuca y cacao para subsistir. “Ellos estaban en su casa descansando. De un momento a otro les explotaron la casa con un bombardeo; fueron cuatro explosiones. Era una casita de tablas. Imagínese cómo quedaría”, relató.
Las víctimas fueron identificadas como Alonso de Jesús Silva, tesorero de la Junta de Acción Comunal de La Jagua; su hermano Yalusan Cano, integrante del comité de conciliación de la misma organización, y su madre, María Cecilia Silva. En el lugar también resultó herido Carlos Enrique Argáez, de 49 años, quien fue trasladado a un centro médico donde se recupera de las lesiones.
En el Cauca, la situación también es particularmente crítica. Allí operan varias estructuras de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, que han intensificado el uso de drones para atacar a la fuerza pública sin importar si hay presencia de civiles o incluso menores de edad en las zonas cercanas.
Dentro del registro de inteligencia militar aparece, por ejemplo, que el primer ataque con drones ocurrió el 26 de abril de 2024 contra la base militar de Las Vegas, en Argelia, Cauca.
Según las autoridades, la acción habría sido ejecutada por la estructura Carlos Patiño, una de las facciones más activas de las disidencias en esa región. Un agente de inteligencia de las Fuerzas Militares le explicó a SEMANA que el desafío que representan estos dispositivos es enorme, en parte porque los grupos armados han logrado adaptarlos con tecnologías que dificultan su detección.
“La verdad, el sistema antidrones que tiene el Ejército Nacional no logra contener completamente la amenaza de los drones del ELN o de las disidencias de las Farc. En muchos casos utilizan frecuencias distintas que nuestros equipos no logran detectar. Eso hace mucho más complicado neutralizarlos”, explicó. El mismo funcionario indicó que incluso podría existir un subregistro de estos ataques, especialmente en regiones donde el control territorial del Estado es limitado.
“Allá debe haber más casos que no están documentados, sobre todo en zonas como el Catatumbo, en Norte de Santander, donde las disidencias y el ELN están enfrentados. Es un territorio donde el Estado no tiene control”, concluyó.