Tras varios meses de investigación judicial por parte de integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Barranquilla logró dar un duro golpe a una peligrosa red de gota a gota o cobradiarios en el Atlántico.
En este operativo, decomisaron 130 libros contables, nueve libretas con registros de cuentas, cuatro calculadoras de impresión térmica, un DVR, 15 mil tarjetas de cobro, $6.372.800 en efectivo y varios celulares.
SEMANA obtuvo en exclusiva los cuadernos que incautaron durante los operativos, documentos que muestran la forma hostil en cómo funcionaba esta red, pero también el día a día, una economía mediante la usura y la ilegalidad.
De acuerdo con lo que tiene esta revista, los cuadernos contienen registros de control del dinero. En las hojas de papel muestran el manejo del capital disponible por cada cobrador, incluso la gasolina que se gasta en los recorridos, los recaudos del día a día, los préstamos que están andando y hasta las tarjetas canceladas.
Los investigadores judiciales de la Policía con esta información han podido reconstruir el modus operandi de estas redes dedicadas a la usura y la violencia ejercida a quienes se oponen a los pagos.
“En los libros se relacionan nombres de personas, montos entregados, modalidades de cobro expresadas en número de cuotas y valor diario, así como registros de dinero recaudado, lo que permite establecer un control sistemático de la actividad financiera ilegal”, cuenta una fuente consultada por este medio de comunicación.
La usura es tan grande que sobre el monto del dinero prestado cobran entre el 20 % y hasta 30 % del interés, lo que se configura en una práctica irregular para los cobros diarios.
En el material que tienen en poder la Policía desnuda la dimensión financiera y el poder de este negocio ilegal sobre la población informal y más vulnerable del departamento del Atlántico, especialmente, en Soledad y Barranquilla.
“Tenemos claro que entre los propietarios y responsables de las rutas de cobro se presentan constantes disputas internas, originadas principalmente por la invasión de zonas de operación pertenecientes a otros jefes de zona, lo que desata una guerra a sangre y fuego. Lo grave es el uso de armas de fuego ilegales para asesinarse entre sí”, dijo una fuente judicial.
🚨 Golpe al “gota a gota” en el municipio de Soledad.
— Policía Metropolitana de Barranquilla (@PoliciaBquilla) January 14, 2026
Unidades de la #SIJIN realizaron cuatro allanamientos en Los Almendros y Ciudad Camelot, incautando libros contables, equipos, más de seis millones de pesos en efectivo y más de 15 mil tarjetas de cobro.#Seguridad #S2D pic.twitter.com/beLdobgMfI
Asimismo, la fuente precisó que muchos de los cobrados roban a los dueños de estos dineros, lo que también desata los asesinatos: “Entre los propietarios y responsables de las rutas de cobro se presentan constantes disputas internas, originadas principalmente por la invasión de zonas de operación pertenecientes a otros jefes de zona”.
Las autoridades judiciales no descartan que este dinero que usado para la usura en Barranquilla y el Atlántico sea producto de economías ilegales de poderosas bandas dedicadas a la venta de drogas o incluso extorsiones.
“Todo está en verificaciones, pero es a lo que nos lleva las investigaciones judiciales que vamos adelantando poco a poco para que cuando lleguen a un juez no se caigan las detenciones”, agregó.

El problema de las autoridades es que las personas que prestan a estas redes ilegales y por alguna manera quedan mal son violentamente atacadas.
“En múltiples ocasiones los cobradores acuden a las residencias de los deudores y realizan los cobros de forma violenta, incurriendo en conductas intimidatorias y agresivas, tales como romper ventanas, ingresar de manera imprudente y sin autorización a los inmuebles, así como proferir amenazas directas contra la integridad personal y familiar de las víctimas”, precisaron.
Al mismo tiempo, indicaron: “En casos extremos dichas acciones han derivado en agresiones físicas, llegando incluso a golpear a las personas con el fin de obligarlas a efectuar los pagos exigidos”.


Lo que también le ha sorprendido a las autoridades es que las víctimas no denuncian porque tienen temor de ser asesinadas por estas personas y prefieren huir de la ciudad.
Se espera que la Fiscalía junto con la Policía Nacional puedan propinar duros golpes a las bandas criminales dedicadas a estas prácticas.









