Luego de que SEMANA diera a conocer en primicia la posible instalación de mesas de diálogo con bandas criminales, el profesor de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos, experto en temas de conflicto, advirtió sobre los riesgos políticos, jurídicos y de seguridad que podrían rodear ese proceso en el Atlántico.
“El eventual anuncio de la instalación de una mesa de diálogo sociojurídico en Barranquilla es problemático por tres razones. La primera es que, faltándole tres meses al Gobierno nacional para finalizar su mandato y en pleno contexto de elecciones presidenciales, la mesa puede percibirse más como una mesa electoral que una mesa de paz”, afirmó.
Para el experto, es necesario que desde el Gobierno nacional se limiten a dejar un avance en este proceso para que lo continúe el próximo presidente de Colombia.
“Lo que se esperaría es que el Gobierno dejara los insumos y los avances necesarios a disposición del próximo gobierno que se posesione el 7 de agosto, y que esa nueva administración tome la decisión de si instala la mesa o no, según los planes, programas y proyectos que tenga en materia de paz y seguridad ciudadana”, explicó.
Trejos señaló que es preocupante que no exista un marco jurídico que respalde este tipo de conversaciones con las bandas criminales como Los Costeños, al mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno José Palomino Rodríguez.
“Lo segundo es que la mesa se iniciaría sin tener un marco jurídico que regule el sometimiento o sujeción a la justicia a este tipo de grupos, y eso en la práctica deja como piso normativo el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal”, indicó.
El docente recordó que Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, junto con su equipo jurídico, logró unos beneficios con la justicia sin necesidad de abrir un proceso de negociaciones.
“Para aplicar esa normatividad no es necesario abrir una mesa de diálogo, como se evidenció hace unos meses, cuando el líder del grupo criminal Los Costeños logró un preacuerdo con la Fiscalía, aceptó la responsabilidad por más de 90 homicidios y recibió beneficios en torno a la disminución de la pena. Esa podría ser una ruta acertada para seguir avanzando”, manifestó.
Y es que ni la Alcaldía de Barranquilla ni la Gobernación del Atlántico hacen parte de estos primeros pasos para una paz urbana.
“Todavía ni la Alcaldía ni la Gobernación hacen parte de la formulación de la hoja de ruta o de los planes que tiene el Gobierno para avanzar en esa mesa, y tampoco es claro que se vayan a articular a esa negociación una vez el Gobierno nacional las instale”, señaló.
Trejos precisó que no es conveniente excluir a las autoridades locales de este proceso de paz urbana que ha generado tantas convulsiones en el país.
“Eso, en la práctica, excluye a las autoridades locales, que son las llamadas a darle sostenibilidad temporal al esfuerzo de paz, en la medida en que la oferta primaria de bienes y servicios que demandarían los exmiembros de esas organizaciones sería ofertada por la Alcaldía y la Gobernación”, añadió.
Finalmente, el docente indicó que este tipo de conversaciones pueden desatar una guerra de mayor escala.
“Durante el pasado consejo de seguridad adelantado en Baranoa, las autoridades reconocieron que el ecosistema criminal que se disputa el Atlántico está conformado por 11 organizaciones, y lo más seguro es que si las dos más grandes entran en una negociación y eventualmente en una tregua, eso podría convertirse en un incentivo para que las demás organizaciones arrecien la violencia”, sostuvo.