El Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla falló una tutela en primera instancia a favor de la empresa de seguridad Atenas, alegando que la Superintendencia de Vigilancia había vulnerado los derechos fundamentales al buen nombre y la honra de la compañía por la difusión de información sin que existiera una decisión en firme, generando afectaciones reputacionales.
“Un señalamiento erróneo o prematuro tiene un impacto mayor en su reputación y en su estabilidad comercial. Además, la publicación de datos personales de sus proveedores, empleados o clientes, sin indicar el contexto de las decisiones, genera afectaciones reales a la percepción pública sobre su actividad”, dice el fallo conocido por SEMANA.
Este fallo en primera instancia se da luego de que la entidad publicara en su cuenta oficial información relacionada que tenía que ver con la cancelación de la licencia de funcionamiento de la empresa, pese a que la decisión administrativa aún estaba siendo discutida mediante recursos.
De acuerdo con el juez, la Superintendencia de Vigilancia incurrió en una actuación reprochable al no corregir la información que hicieron pública.
“La Superintendencia publicó información sobre la cancelación de la licencia, pese a que dicha decisión no fue revocada mediante resolución posterior que dejó sin efectos la sanción. La entidad no corrigió ni actualizó la publicación, generando un impacto negativo prolongado”, agregó el documento.
Asimismo, el togado señaló: “La permanencia de la información en medios digitales prolonga la afectación de los derechos fundamentales, al mantenerse accesible y vigente para el público, aun cuando su contenido haya sido desvirtuado posteriormente”.
En esta tutela también vincularon a la Agencia de Periodismo Investigativo (API), pero el juez consideró que no tenía responsabilidad, pues solo replicó la información de la Supervigilancia.
“El medio de comunicación no reprodujo hechos falsos ni descontextualizados, sino que se limitó a divulgar información existente en fuentes oficiales, sin que se demostrara una intención de vulnerar derechos fundamentales”, agregó.
Y es que en medio de este proceso, el juez le ordenó a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que en 48 horas debía corregir la información, pero nunca ocurrió.
“Actualice o corrija la publicación realizada, indicando que la sanción no se encontraba en firme y que posteriormente fue dejada sin efectos, garantizando que la información divulgada sea veraz y actualizada”, precisó.
SEMANA conoció que la Superintendencia de Vigilancia habría respondido fuera de los términos y la empresa Atenas solicitó el incidente de desacato. En medio de estos hechos, la entidad del Estado volvió a citar a la empresa en medio de este proceso de sanción, mientras que el equipo jurídico de la compañía asegura que no están realizando las actuaciones con lo acordado por la norma.