Tras sostener una reunión en la tarde de este martes, el gremio de taxistas anunció que el próximo 23 de junio realizarán un nuevo paro en la ciudad de Bogotá. Al igual que en las ocasiones anteriores, la iniciativa buscará protestar y mostrar su disgusto en contra de la “ilegalidad” de los conductores de aplicación.
“Hoy, en reunión sostenida con conductores, propietarios y líderes gremiales se define que el día 23 de junio vamos a cesar nuestras actividades por esa ilegalidad desbordada que abunda en la ciudad de Bogotá”, dijo uno de los líderes del gremio.
“Los invitamos a todos y a cada uno de ustedes para que mañana 29 de mayo acompañemos a nuestros compañeros que vienen de otras ciudades, para esa gran ‘pitazón’ por todo el transporte ilegal en vehículos particulares y en motos”, precisó Hugo Ospina, uno de los líderes del gremio.
Este se convertirá en el segundo paro de los taxistas en menos de dos meses, el pasado 14 de mayo también decretaron la ‘hora cero’ por los mismos motivos, es una pelea que han mantenido desde hace varios años.
En varias oportunidades, el gremio se ha reunido con las autoridades distritales y nacionales, pero se mantienen en su idea de que la única solución es acabar este “negocio” o regularlo de la misma forma que a los taxis. Estos paros han desatado problemas en la movilidad de la capital del país, especialmente en la vía que conduce al aeropuerto El Dorado, uno de los puntos preferidos por los conductores.
Hace unos días, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció que procederá con investigaciones a todas aquellas empresas que intervienen en la operación de servicios de carro por aplicaciones, dando de esta forma una respuesta a las quejas de los taxistas.
“Como autoridad única de protección de la libre competencia, inicio investigaciones contra las compañías que intervienen en la operación de las plataformas Uber, DiDi y Cabify en Colombia”, señaló la entidad a través de un comunicado.
La Superintendencia dejó ver que el propósito de estas actuaciones es determinar si las investigaciones habrían infringido el régimen de “protección de la competencia y competencia desleal administrativa al haber promovido la prestación de servicios de transporte en incumplimiento de la regulación del sector y en condiciones que habrían generado ventajas competitivas en beneficio de los prestadores que están vinculados a las plataformas”.
El gremio, entre otras cosas, ha mostrado su inconformismo en contra del Gobierno por la nula respuesta que ha tenido frente a esta problemática. Aseguran que el Ejecutivo de Petro ha mantenido una “negligencia contra la ilegalidad”.