La controversia generada tras la denuncia pública de una pareja de jóvenes por un presunto acto de discriminación dentro del Centro Comercial Andino, en el norte de Bogotá, dio un paso al ámbito judicial.
Acompañados por el abogado Alejandro Michells, los ciudadanos acudieron a la Fiscalía General de la Nación para interponer una denuncia penal por el delito de discriminación, en busca de que las autoridades competentes investiguen lo sucedido y determinen las responsabilidades a las que haya lugar.
El caso tomó relevancia mediática tras la difusión de videos en redes sociales donde los jóvenes relataron que un vigilante del establecimiento les indicó que no podían expresarse afecto en la plazoleta de comidas.
El hecho generó reacciones, entre ellas la de la administración del centro comercial, entidades distritales y organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con el relato inicial de los involucrados, el incidente ocurrió mientras grababan contenido para sus redes sociales.
En ese contexto, un integrante del personal de seguridad se les acercó para manifestarles que debían abstenerse de realizar demostraciones afectivas dentro de las instalaciones o, de lo contrario, podrían ser retirados del lugar.
Ante la viralización del material en plataformas digitales, la administración del Centro Comercial Andino emitió un comunicado oficial en el que reconoció que la actuación del guardia fue injustificada.
Tras revisar las grabaciones del sistema de seguridad interno, la administración concluyó que la pareja no incurrió en ninguna conducta que fuera en contra de las normas del establecimiento ni la convivencia ciudadana.
Crece la polémica por la discriminación que sufrió una pareja de jóvenes por homofobia dentro del Centro Comercial Andino en la ciudad de Bogotá. Mañana 22 julio a las 6:30 pm se llevará a cabo la gran besatón homosexual en la Plazoleta de Comidas del Centro Comercial Andino. pic.twitter.com/jrSqsgkmz6
— SVCNoticias (@SVCNoticias) July 21, 2026
En su pronunciamiento, el centro comercial informó que se comunicó de manera directa con los jóvenes para ofrecer disculpas, al tiempo que anunció la revisión de los protocolos de actuación junto con la empresa contratista de vigilancia y el refuerzo de las capacitaciones en atención incluyente y respeto a la diversidad.
Por su parte, la Subdirección para Asuntos LGBTIQ+ de la Secretaría Distrital de Integración Social confirmó que tomó conocimiento del caso y dispuso sus canales institucionales para brindar acompañamiento jurídico y psicosocial a los afectados.
Pese a los comunicados y la rectificación del establecimiento comercial, la representación legal de los jóvenes decidió llevar el caso ante la justicia ordinaria. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el abogado Alejandro Michells confirmó la radicación formal del recurso ante el ente investigador.
“Estamos en la Fiscalía General de la Nación con Rodrigo y con Joa, instaurando la denuncia por el delito de discriminación en averiguación de responsables por los hechos ocurridos (...). Para que se esclarezcan los hechos, pero sobre todo para que se sancionen a los responsables”, señaló el jurista en su perfil de Instagram.
En la misma intervención, se hizo una convocatoria pública a la ciudadanía para realizar un acto de protesta pacífica frente a las instalaciones del centro comercial, argumentando que las acciones legales deben ir acompañadas del rechazo social a cualquier tipo de intolerancia.