El concejal de Bogotá Julián Uscátegui denunció un nuevo revés en la política penitenciaria de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y pidió a la Contraloría Distrital investigar las actuaciones de la Secretaría de Seguridad y de RenoBo en el proceso para la adquisición del predio donde se proyectaba construir el Centro Especial de Reclusión II (CER II).
Como un fracaso de la administración de Bogotá calificó el concejal @JulUscategui la demora por parte del distrito en la construcción de la 2a cárcel distrital teniendo ya los terrenos. pic.twitter.com/buJFNNltrX
— Manuel Salazar (@manolitosalazar) July 22, 2026
Según el cabildante, este sería el tercer fracaso de la administración en materia carcelaria, luego de los inconvenientes registrados con la ampliación de la Cárcel Distrital II y la Fase II del CER I. A su juicio, ninguno de los proyectos destinados a aliviar el hacinamiento penitenciario estará listo en los tiempos previstos.
Uscátegui afirmó que para el CER II se autorizaron cerca de 28.000 millones de pesos, aunque el proyecto no cuenta con un predio adquirido ni con obras iniciadas.
Sostuvo que los recursos terminaron destinados a estudios, avalúos, trámites contractuales y gastos administrativos, sin que se materializara una solución para la ciudad.
La denuncia se centra en el predio El Carmen, un lote que pertenecía a un proyecto inconcluso de la ETB y que, de acuerdo con el concejal, había sido objeto de investigaciones por un presunto detrimento patrimonial cercano a 45.000 millones pesos.
Aunque la Secretaría de Seguridad autorizó la compra e incluso aprobó una adición presupuestal superior a 7.396 millones de pesos, la adquisición finalmente fue descartada al establecerse que la estructura existente probablemente tendría que demolerse, lo que elevaría significativamente los costos del proyecto.
“Estamos frente al tercer fracaso de la administración Galán en materia penitenciaria. La improvisación y la falta de planeación están poniendo en riesgo los recursos de los bogotanos y retrasando las soluciones que la ciudad necesita para enfrentar la crisis carcelaria”, afirmó Uscátegui.
El concejal también señaló que el contrato para la compra del predio vence el próximo 29 de noviembre de 2026 sin resultados concretos y aseguró que ya se habrían destinado más de 500 millones de pesos en gastos administrativos.
Por ello, solicitó a los organismos de control establecer si existieron fallas de planeación y determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.