La bancada del partido político MIRA en el Concejo de Bogotá denunció que la mayoría de los comparendos de convivencia impuestos en la capital quedan represados en las Inspecciones de Policía. La información fue obtenida a partir de datos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.
De los 1.918.710 comparendos impuestos entre 2022 y abril de 2026, solo 68.632, es decir, el 3,5 %, terminaron en una multa. Además, 98 de cada 100 personas sorprendidas con armas cortopunzantes no recibieron ninguna sanción.
En ese período se impusieron 726.683 comparendos por esta infracción, pero solo 9.404 casos (1,3 %) derivaron en una multa. Según los concejales, esto significa que el Distrito dejó de cobrar $646.599 millones.
El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016) determinó que los comparendos no son una sanción, sino una orden que entrega la Policía para que el infractor comparezca ante las autoridades o cumpla medidas correctivas.
¿Qué piden los concejales?
La multa solo aparece luego de que un inspector de Policía adelante el proceso y lo ratifique. Los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes están denunciando que ese proceso no se realizaría en Bogotá.
“De cada cien personas sorprendidas con un arma en la calle, noventa y ocho siguieron su camino sin ninguna consecuencia. El comparendo existió. La autoridad, no”, indicó el concejal Samir Bedoya Piraquive.
Para los cabildantes, la eficacia en las sanciones varía entre localidades. Mientras Suba registra una efectividad del 0,07 %, Kennedy del 0,21 % y Bosa del 0,10 %, Antonio Nariño alcanza el 16,76 %, pese a operar bajo las mismas normas y con los mismos recursos.
Bedoya agregó que “la diferencia no está en los medios. Está en cómo se gestionan” y que la Secretaría de Gobierno les respondió que, actualmente, no cuenta con lineamientos generales para orientar a los inspectores de Policía.
Debido al problema, el Distrito solo cobró $23.890 millones, cuando la suma, de haber operado a “plena eficacia”, era de $670.489 millones, lo que significaría que, por cada peso recaudado en multas de convivencia, el sistema dejó sin cobrar otros veintisiete.
“No venimos a especular. Cada cifra que presentamos está tomada de la propia respuesta escrita del Distrito. El problema no es el volumen de comparendos: es que el Distrito no los cierra, no los cobra y no responde por ello”, explicó Fabián Puentes.
La bancada del Partido Político MIRA le pidió a la Alcaldía que revele el estado legal detallado de los 1,8 millones de expedientes represados en la Policía desde 2022. Además, pidieron que se estructure un plan de descongestión con metas trimestrales verificables que siga los procesos realizados en la localidad de Antonio Nariño.